Época:
Décima Época
Registro:
2015090
Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de
Tesis: Aislada
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h
Materia(s):
(Administrativa)
Tesis:
I.1o.A.158 A (10a.)
VALOR
AGREGADO. LA TASA DEL 0% PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 2o.-A, FRACCIÓN I, INCISO F)
Y 25, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES APLICABLE A LA
ENAJENACIÓN E IMPORTACIÓN DE FERTILIZANTES, PLAGUICIDAS, HERBICIDAS O FUNGICIDAS
DE USO AGRÍCOLA, PERO NO A LAS MATERIAS PRIMAS PARA SU FORMULACIÓN.
De la exposición de motivos de la
iniciativa que derivó en la adición de la primera y la reforma de la segunda de
las disposiciones citadas, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 30 de diciembre de 1980, en vigor a partir del 1 de enero del
año siguiente, se advierte que el legislador buscó dar el mismo tratamiento
fiscal a la enajenación e importación tanto de alimentos, como de
fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas destinados a ser utilizados
en la agricultura o ganadería. Por tanto, si sólo dispuso la tasa del 0% del
tributo para la enajenación e importación de esos productos de saneamiento
agropecuario, pero no de los insumos y servicios que intervengan en su
elaboración y comercialización, esa restricción debe extenderse a éstos. En
consecuencia, para que se aplique la tasa mencionada, es necesario demostrar
que lo que se presentó ante la aduana es un fertilizante, plaguicida, herbicida
o fungicida de uso agrícola y no una materia prima para su formulación.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Revisión administrativa (Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo) 73/2016. Administrador Desconcentrado
Jurídico del Distrito Federal "4", de la Administración General
Jurídica del Servicio de Administración Tributaria. 17 de marzo de 2016.
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Ana Margarita
Mejía García.
Revisión administrativa (Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo) 231/2016. Administrador
Desconcentrado Jurídico del Distrito Federal "4", de la
Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria. 16
de junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretario:
Ulises Ocampo Álvarez.
Revisión administrativa (Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo) 52/2017. Administradora
Desconcentrada Jurídica de Guanajuato "3" (Celaya), del Servicio de Administración
Tributaria.16 de marzo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Felipe
Hernández Becerril, secretario de tribunal en funciones de Magistrado.
Secretario: José de Jesús Alcaraz Orozco.
Esta tesis se publicó el viernes 01 de
septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época:
Décima Época
Registro:
2015079
Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de
Tesis: Aislada
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h
Materia(s):
(Común)
Tesis:
I.1o.A.161 A (10a.)
PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO
PROMOVIDO POR LOS PRESIDENTES MUNICIPALES RESPECTO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
PÚBLICO, AL CARECER DE INTERÉS JURÍDICO.
En términos del artículo 7o. de la Ley
de Amparo, las personas morales públicas tienen interés jurídico para promover
el juicio de amparo cuando la norma general, el acto o la omisión que reclamen
afecte su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren
en un plano de igualdad con los particulares. En estas condiciones, de
impugnarse en ese medio de defensa el Presupuesto de Egresos de la Federación
por algún presidente municipal, en relación con la distribución del gasto
público, se actualizan dos motivos de improcedencia vinculados estrechamente:
el primero, debido a que no puede considerarse que afecte su patrimonio, ya que
los recursos se destinan a los Municipios, y no a los integrantes del
Ayuntamiento y, el segundo, porque la relación jurídica en este tipo de actos
con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión no se verifica en un plano
de igualdad semejante al de los particulares, sino que es la expresión de una
decisión de coordinación con otras autoridades de distintos órdenes o
instancias de gobierno, lo que impide dar a los presidentes municipales el
carácter de quejosos, si pretenden obtener la regularidad constitucional de un
acto para el que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
reserva la controversia constitucional, a efecto de dirimir conflictos de esa naturaleza.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Queja 85/2017. Presidente de la
República. 8 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco
Zúñiga. Secretario: Marco Aurelio Araiza Arroyo.
Esta tesis se publicó el viernes 01 de
septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época:
Décima Época
Registro:
2015073
Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de
Tesis: Aislada
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h
Materia(s):
(Administrativa)
Tesis:
I.1o.A.159 A (10a.)
IMPUESTO
PREDIAL. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LA
AUTORIDAD PARA DETERMINAR LAS CANTIDADES PENDIENTES DE PAGO POR DICHA
CONTRIBUCIÓN EN EL PLAZO DE CINCO AÑOS (LEGISLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO).
De la intelección de los artículos 126,
127, 130 y 131 del Código Fiscal de la Ciudad de México se obtiene que el
impuesto predial es una contribución que no se calcula por ejercicios y
respecto de la cual el gobernado tiene la obligación de presentar la
declaración correspondiente, ya sea mediante el pago de la cantidad que éste se
haya autodeterminado, o bien, al realizar el entero del monto propuesto por la
exactora, pues a diferencia de otros impuestos, no se sujeta al interesado a
emplear un formato o medio específico para presentar la declaración conducente.
Por tanto, si el particular presenta de forma oportuna la declaración del
impuesto predial, o bien, lo hace espontáneamente antes de que le sea requerido
el pago por la autoridad hacendaria, el plazo para que se actualice la
caducidad de las facultades de la autoridad para determinar las cantidades
pendientes de pago por dicha contribución será de cinco años, de lo contrario,
será de diez, conforme al diverso precepto 99 del ordenamiento citado. Lo
anterior, porque el solo pago de las sumas autodeterminadas o propuestas
acredita que se presentó la declaración prevista en el artículo 131 mencionado
y, en consecuencia, que el plazo de la caducidad de las facultades de la
autoridad para determinar adeudos por concepto de diferencias es de cinco años.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 81/2017. Fideicomiso
Bancomer F28337. 20 de abril de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Joel
Carranco Zúñiga. Secretario: Juan Velarde Bernal.
Esta tesis se publicó el viernes 01 de
septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época:
Décima Época
Registro:
2015071
Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de
Tesis: Aislada
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h
Materia(s):
(Constitucional)
Tesis:
I.1o.P.63 P (10a.)
EXACTA
APLICACIÓN DE LA LEY PENAL EN LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN
FISCAL EQUIPARADA PREVISTOS, RESPECTIVAMENTE, EN LOS ARTÍCULOS 108 Y 109 DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. AL SER ILÍCITOS DIFERENTES, CON CARACTERÍSTICAS
PROPIAS Y DIFERENCIADORAS, ES NECESARIO QUE EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, PARA
GARANTIZAR ESTE DERECHO, ATIENDA AL HECHO ESPECÍFICO IMPUTADO AL SENTENCIADO Y,
EN FUNCIÓN DE SU MEDIO DE EJECUCIÓN, DETERMINE SI SE ACREDITA UNA U OTRA FIGURA
DELICTIVA.
El ilícito de defraudación fiscal ésta
tipificado por el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación; de esa
descripción normativa se advierte que los elementos necesarios para su
configuración son: la existencia de un sujeto contribuyente; que a través del
engaño omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un
beneficio indebido y, que se cause perjuicio al fisco federal. Es decir, uno de
los requisitos consiste en que el sujeto activo utilice engaños o
aprovechamiento de errores en la omisión total o parcial del pago de alguna
contribución, o en la obtención de un beneficio indebido con perjuicio del
fisco federal, y su sanción dependerá del monto del fraude o de la
imposibilidad de su determinación. Por su parte, el delito de defraudación
fiscal equiparada previsto en el artículo 109 del propio código, contiene como
elementos constitutivos los siguientes: que una persona física o moral presente
una declaración para efectos fiscales y, que en dicha declaración fiscal, se
consignen ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, o
determinados conforme a las leyes. Lo anterior pone de relieve que la
actualización de este último delito requiere la consignación en las
declaraciones presentadas para efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos
menores a los realmente obtenidos. Luego, de la comparativa de ambos tipos
penales se obtiene que el núcleo del delito previsto en el artículo 108
(defraudación fiscal) es que el activo, mediante engaños o aprovechamiento de
errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u otro
beneficio indebido, de índole fiscal sin tener derecho a él, mediante engaños o
aprovechándose de un error; pero no es necesaria la presentación de
declaraciones fiscales. Sin embargo, el ilícito establecido por el numeral 109
(defraudación fiscal equiparada) consiste, necesariamente, en presentar
declaraciones para efectos fiscales en las que se consignen deducciones falsas
o ingresos menores a los realmente obtenidos conforme a la ley. Con base en
esas premisas, aunque ambas figuras delictivas guardan identidad en cuanto al
bien jurídico tutelado -el patrimonio del fisco federal- e, incluso, prevén los
mismos parámetros de punibilidad, la particularidad distintiva estriba en el
medio de ejecución de cada uno de éstos, pues para que se configure la primera,
se requiere que sea el engaño o aprovechamiento de errores; pero si el detrimento
al erario se produce por la consignación en las declaraciones fiscales de
deducciones falsas o ingresos menores a los obtenidos, entonces estaremos en
presencia de la segunda figura delictiva; de ahí que ambos ilícitos sean
diferentes, con características propias y diferenciadoras. Bajo ese contexto,
si el quejoso fue condenado por defraudación fiscal y la forma por medio de la
cual se le reprocha haber causado un detrimento patrimonial al fisco federal
consistió en la presentación de una declaración correspondiente a determinado
ejercicio fiscal, en la que consignó en ceros todos los rubros; cuando a través
de la visita domiciliaria la autoridad exactora pudo constar que la persona
moral a quien representa sí obtuvo ingresos; ese elemento esencial, que constituye
la línea que bifurca cuándo una conducta puede ser tipificada como defraudación
fiscal o equiparada, hace necesario que el tribunal de apelación se pronuncie
en torno a si tal particularidad incide o no en la clasificación jurídica de
los hechos materia de la acusación ministerial y atento al hecho específico
imputado al sentenciado, en función de su medio de ejecución, determine si se
acredita una u otra figura delictiva, esto, en aras de garantizar el respeto
irrestricto al derecho fundamental de exacta aplicación de la ley penal
tutelado por el párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, pues el justiciable tiene derecho a ser juzgado
con base en el tipo penal que exactamente se adecue a la conducta atribuida por
el Ministerio Público.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 370/2016. 12 de junio de
2017. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Enrique Sánchez Frías. Secretaria:
Daniela Edith Ávila Palomares.
Esta tesis se publicó el viernes 01 de
septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época:
Décima Época
Registro:
2015068
Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de
Tesis: Aislada
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h
Materia(s):
(Administrativa)
Tesis:
I.1o.A.156 A (10a.)
DOMICILIO
FISCAL. SI EL CONTRIBUYENTE LO CAMBIA DURANTE EL PERIODO OTORGADO A LA
AUTORIDAD HACENDARIA CORRESPONDIENTE AL ANTERIOR PARA QUE PURGUE LOS VICIOS DE
LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DEL CRÉDITO FISCAL IMPUGNADO, EN CUMPLIMIENTO A UNA
SENTENCIA DE NULIDAD, ÉSTA ES COMPETENTE PARA DICTAR LA NUEVA DETERMINACIÓN.
Las autoridades hacendarias únicamente
pueden iniciar, sustanciar y concluir un procedimiento de fiscalización
respecto de aquellos contribuyentes que tengan su domicilio fiscal dentro de la
demarcación territorial en que ejerzan sus atribuciones y, en caso de que éstos
trasladen a otro sitio el principal asiento de sus negocios, la autoridad que
en razón de ese cambio resulte competente, deberá concluir la facultad ejercida
hasta la emisión y notificación de la resolución correspondiente. En estas
condiciones, lo jurídicamente relevante es que la autoridad que sustancia un
procedimiento administrativo sea competente para intervenir en todas las fases
que lo integran y, si por cualquier circunstancia ya no puede desplegar sus
facultades, por ejemplo, en virtud del cambio de domicilio fiscal, lo culmine
la que adquirió competencia para resolver la situación jurídica del particular.
Por tanto, si en observancia a un fallo anulatorio, la autoridad debe purgar
los vicios de la resolución determinante del crédito fiscal impugnado y durante
el periodo otorgado por la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa para
realizarlo, el particular cambia su domicilio fiscal, ello no implica que
carezca de facultades para dictar la nueva determinación y, en consecuencia,
acatar la sentencia de nulidad, toda vez que la autoridad correspondiente al
domicilio anterior definió la situación jurídica del contribuyente en relación
con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, previo a que realizara la
modificación indicada en el Registro Federal de Contribuyentes, ya que el
traslado de la facultad para continuar el procedimiento de fiscalización se
justifica siempre que el cambio de domicilio se efectúe durante su tramitación,
es decir, previo a la emisión de la resolución final; en todo caso, a la
autoridad hacendaria que haya adquirido competencia por el cambio de domicilio,
corresponderá la ejecución del crédito fiscal, es decir, el procedimiento
administrativo de ejecución, al tratarse de una fase distinta a la de
verificación del acatamiento a las obligaciones tributarias.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 144/2017. Citizen de
México, S.A. de C.V. 20 de abril de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Joel
Carranco Zúñiga. Secretaria: Esmeralda Gómez Aguilar.
Esta tesis se publicó el viernes 01 de
septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época:
Décima Época
Registro:
2015066
Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de
Tesis: Aislada
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h
Materia(s):
(Administrativa)
Tesis:
I.1o.A.160 A (10a.)
DEDUCCIÓN
DE LAS INVERSIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA. PARA QUE PROCEDA ES NECESARIO QUE EL ACUERDO DE
VOLUNTADES QUE TRANSMITE EL USO O GOCE DE LOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES PROPIEDAD
DE TERCEROS, SE CELEBRE ENTRE SU PROPIETARIO Y LA PERSONA MORAL QUE REALIZARÁ
LAS CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES O MEJORAS PERMANENTES EN ÉSTOS (LEGISLACIÓN
VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).
El precepto y fracción citados prevén la
deducción de las inversiones por concepto de construcciones, instalaciones o
mejoras permanentes en activos fijos tangibles propiedad de terceros, siempre
que se lleven a cabo en los términos y porcentajes que establece la Ley del
Impuesto sobre la Renta abrogada. Asimismo, disponen como requisito para la procedencia
del beneficio, la existencia de un contrato de arrendamiento o de concesión, en
el que se transmita el uso o goce del bien. En este contexto, la norma debe
interpretarse funcionalmente con las demás disposiciones en materia de
inversiones, en el sentido de que el acuerdo de voluntades que otorgue ese
derecho sobre el activo fijo, tiene que celebrarse entre su propietario y la
persona moral que realizará las inversiones -las que beneficiarán a aquél-, mas
no con un tercero que también adquirió la calidad de usufructuario, comodatario
o arrendatario de un mismo inmueble. Esto último cobra relevancia, en la medida
en que el incremento del valor del inmueble o superficie arrendada que se
genera con motivo de las inversiones permanentes que realizó el contribuyente
se considera ingreso acumulable para el propietario, en términos del artículo
20, fracción IV, del ordenamiento mencionado, ya que repercute en su aumento
económico.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 914/2016. Promociones
América Latina, S.A. de C.V. 20 de abril de 2017. Unanimidad de votos. Ponente:
Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Juan Velarde Bernal.
Esta tesis se publicó el viernes 01 de
septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época:
Décima Época
Registro:
2015055
Instancia:
Segunda Sala
Tipo de
Tesis: Aislada
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h
Materia(s):
(Constitucional)
Tesis:
2a. CXXVI/2017 (10a.)
SENTENCIAS
DE NULIDAD PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 52, FRACCIONES III Y IV, DE LA LEY FEDERAL
DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE JUNIO DE 2016), QUE
FACULTA AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PARA EMITIRLAS,
NO INFRINGE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.
El precepto citado no transgrede el
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que
la declaratoria de nulidad para determinados efectos no implica que el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deje de analizar la pretensión,
sino que atendiendo al tipo de causa de anulación hecha valer, esto es, si fue
una violación formal o un vicio del procedimiento, se está en presencia de un
supuesto que por su naturaleza, técnicamente impide un pronunciamiento de
fondo, lo que es acorde con el derecho de acceso a la justicia, específicamente
por lo que toca al principio de justicia completa, el cual consiste en la
obligación de los órganos y las autoridades encargadas de impartirla, de
resolver las controversias planteadas pronunciándose respecto de todos los
aspectos debatidos, garantizando de tal forma la obtención de una resolución en
la que aplicando la ley al caso concreto, se decida si le asiste o no la razón
al particular.
SEGUNDA SALA
Amparo directo en revisión 5822/2015.
Guillermina Vargas Vázquez. 2 de agosto de 2017. Mayoría de tres votos de los
Ministros Alberto Pérez Dayán, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina
Mora I.; unanimidad de votos en relación con el criterio contenido en esta
tesis. Disidentes: Javier Laynez Potisek y José Fernando Franco González Salas.
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: N. Montserrat Torres Contreras.
Esta tesis se publicó el viernes 01 de
septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época:
Décima Época
Registro:
2015047
Instancia:
Primera Sala
Tipo de
Tesis: Aislada
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h
Materia(s):
(Constitucional)
Tesis:
1a. CIX/2017 (10a.)
VALOR
AGREGADO. EL ARTÍCULO 5o.-C DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDE EL
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA CON RESPECTO A LAS SOCIEDADES FINANCIERAS
DE OBJETO MÚLTIPLE.
El precepto citado, al establecer que
para calcular la proporción del acreditamiento del impuesto al valor agregado
las sociedades financieras de objeto múltiple que para los efectos del impuesto
sobre la renta formen parte del sistema financiero, no deberán excluir los
conceptos señalados en las fracciones IV, V, VI y IX del propio artículo, no
transgrede el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo
31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
con respecto a las sociedades financieras de objeto múltiple, en razón de que
para efectos del acreditamiento del impuesto al valor agregado, operan
mecanismos objetivamente diferenciados, aun cuando los contribuyentes de ese
tributo se encuentren en igualdad de circunstancias por ser sujetos de éste,
por colocarse en la realización del hecho imponible y aplicarles de igual forma
el resto de los elementos del tributo, o porque realicen erogaciones en general
para el desarrollo de sus actividades, pues debe considerarse la circunstancia
de que uno y otro mecanismos de acreditamiento generan diversas consecuencias
atendiendo a la naturaleza de las erogaciones que realicen, lo cual pone de
manifiesto que opera un sistema específico con diferencias respecto del
mecanismo de acreditamiento en general, de modo que cada uno de ellos puede
generar obligaciones diversas para los contribuyentes. Además, el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, los
contribuyentes con actividades mixtas, es decir, gravadas y exentas, no pueden
acreditar la totalidad del impuesto que les fue trasladado, sino sólo en la
proporción que corresponda a las actividades gravadas. Por ende, el hecho de
que no puedan acreditar el impuesto que les fue trasladado en actividades
exentas, no implica violación al principio de proporcionalidad tributaria, en
virtud de que tratándose de este tipo de operaciones, la manifestación de
riqueza, y con ello la capacidad contributiva, quedan evidenciadas al realizar
el gasto respectivo, lo cual justifica que absorban la carga tributaria.
PRIMERA SALA
Amparo en revisión 83/2016. Logra
Financiamientos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 22 de febrero de 2017. Cinco votos
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge
Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña
Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Dolores Rueda Aguilar,
Monserrat Cid Cabello y Víctor Manuel Rocha Mercado.
Esta tesis se publicó el viernes 01 de
septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época:
Décima Época
Registro:
2015045
Instancia:
Primera Sala
Tipo de
Tesis: Aislada
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h
Materia(s):
(Constitucional)
Tesis:
1a. CVIII/2017 (10a.)
SOCIEDADES
FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE. EL ARTÍCULO 5o.-C, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
El precepto citado establece que para
calcular la proporción del acreditamiento del impuesto al valor agregado las
sociedades financieras de objeto múltiple que para los efectos del impuesto
sobre la renta formen parte del sistema financiero, no deberán excluir los
conceptos señalados en las fracciones IV, V, VI y IX del propio artículo. Ahora
bien, los actos a que se refieren dichas fracciones prevén que no deben
excluirse: a) las enajenaciones de acciones o partes sociales, documentos
pendientes de cobro y títulos de crédito, siempre que su enajenación no
implique la transmisión de dominio de un bien tangible o del derecho para
adquirirlo; b) las enajenaciones de moneda nacional y extranjera, así como las
de piezas de oro o de plata que hubieran tenido ese carácter y las de piezas
denominadas "onza troy"; c) los intereses percibidos ni la ganancia
cambiaria; y, d) los intereses provenientes de operaciones financieras
derivadas a que se refiere el artículo 16-A del Código Fiscal de la Federación,
pues son objeto de las operaciones que realizan. Así, el artículo 5o.-C,
párrafo último, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado no viola el principio
de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se estima que está
justificada la razón del legislador para establecer que las instituciones del
sector financiero, particularmente las sociedades financieras de objeto
múltiple, no deben excluir los conceptos señalados en las referidas fracciones,
toda vez que las actividades ahí descritas sí corresponden a las que
desarrollan dichas sociedades; además, porque la reforma al artículo 5o.-C
aludido publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de
2013, tuvo por objeto incluir a las sociedades financieras de objeto múltiple,
por sus características, al sistema de acreditamiento ya establecido y previsto
para estas entidades, pues no puede perderse de vista el hecho de que el trato
distinto que el legislador da a dos diversos grupos de contribuyentes
(instituciones del sistema financiero y los demás contribuyentes del impuesto
relativo), se justifica porque atendiendo a las actividades propias que
realizan, el sistema de acreditamiento del impuesto no puede ser el mismo.
PRIMERA SALA
Amparo en revisión 83/2016. Logra
Financiamientos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 22 de febrero de 2017. Cinco votos
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge
Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña
Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Dolores Rueda Aguilar,
Monserrat Cid Cabello y Víctor Manuel Rocha Mercado.
Esta tesis se publicó el viernes 01 de
septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época:
Décima Época
Registro:
2015043
Instancia:
Primera Sala
Tipo de
Tesis: Aislada
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h
Materia(s):
(Constitucional)
Tesis:
1a. C/2017 (10a.)
RENTA.
EL ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO, FRACCIÓN XXXV, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO,
VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, NO IMPACTA EN ALGÚN DERECHO QUE EL
ACCIONISTA HUBIERA ADQUIRIDO AL APORTAR UN BIEN INMUEBLE A UNA SOCIEDAD
INMOBILIARIA DE BIENES RAÍCES, NI AFECTA ALGUNA CONSECUENCIA NACIDA A LA LUZ DE
LA LEY ANTERIOR.
El precepto citado establece el
beneficio (antes previsto en el artículo 224-A citado), para los accionistas
que aportaron bienes inmuebles a la sociedad mercantil, consistente en diferir
el momento en que se acumula la ganancia por la enajenación de los bienes
aportados a la sociedad; sin embargo, precisó que los accionistas acumularán la
ganancia por esa aportación cuando se enajenen las acciones de la sociedad
mercantil y los bienes aportados a la sociedad, también determinó que si al 31
de diciembre de 2016 no se han dado esos supuestos, los accionistas deberán
acumular la totalidad de la ganancia por la enajenación de los bienes aportados
que no se hayan acumulado previamente. Ahora bien, el momento en que se
acumulan las ganancias por la enajenación de bienes a una sociedad inmobiliaria
de bienes raíces, no puede considerarse como un derecho que forme parte del
patrimonio de los accionistas que haga imposible la incorporación de un
supuesto adicional, so pena de vulnerar el derecho fundamental de
irretroactividad. En efecto, corresponde al legislador determinar los elementos
esenciales de las contribuciones, en atención a la amplia libertad
configurativa de la que goza, por lo que el establecimiento del sujeto, objeto,
base, tasa o tarifa y época de pago son elementos que sólo corresponde
determinarlos a aquél, por lo que no constituyen aspectos que puedan integrarse
al patrimonio de los sujetos; de ahí que el momento de la acumulación de un
ingreso no puede quedar al arbitrio de los contribuyentes, sino que forma parte
de las obligaciones del legislador. Así, el hecho de que el artículo noveno
transitorio, fracción XXXV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a
partir del 1 de enero de 2014, se refiera a los casos anteriores a ese
ejercicio fiscal para establecer que en esos supuestos, además de acumular la
ganancia cuando el accionista enajenara las acciones de la sociedad
inmobiliaria de bienes raíces, o bien, cuando esa sociedad vendiera el bien
aportado por el accionista, también tendrían que hacerlo al 31 de diciembre de
2016 cuando no se den los otros dos supuestos de acumulación, no impacta en
algún derecho que el accionista hubiera adquirido al aportar un bien inmueble a
la sociedad referida, ni afecta alguna consecuencia nacida a la luz de la norma
anterior.
PRIMERA SALA
Amparo en revisión 516/2015.
Comercializadora Lansa, S.A. de C.V. 7 de diciembre de 2016. Mayoría de tres
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo
Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente.
Disidente: Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular
voto particular. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea. Secretario: Fernando Cruz Ventura.
Esta tesis se publicó el viernes 01 de
septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época:
Décima Época
Registro:
2015039
Instancia:
Primera Sala
Tipo de
Tesis: Aislada
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h
Materia(s):
(Constitucional)
Tesis:
1a. CXVI/2017 (10a.)
RÉGIMEN
OPCIONAL DE DEDUCCIÓN DE EROGACIONES ESTIMADAS. EL ARTÍCULO 30, PÁRRAFO
PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, QUE LO PREVÉ, NO VULNERA EL PRINCIPIO
DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
El artículo mencionado establece el
régimen optativo consistente en que determinados contribuyentes puedan elegir
entre deducir en el mismo ejercicio las erogaciones realizadas u optar por
deducirlas en los ejercicios en que obtengan los ingresos derivados de las
mismas. Ahora bien, los sujetos que pueden aplicar dicha opción son aquellos
que realicen las siguientes actividades: (i) obras consistentes en desarrollos
inmobiliarios o fraccionamientos de lotes; (ii) contratos de obra inmueble o de
fabricación de bienes de activo fijo de largo proceso de fabricación; y, (iii)
presten el servicio turístico del sistema de tiempo compartido. En relación a
ese régimen opcional, se observa que todos los sujetos señalados en la norma
reclamada tienen como elemento común que el ejercicio de sus actividades
involucra necesariamente la construcción u obtención de bienes que por su
naturaleza no pueden generarse en corto tiempo, por lo que no sólo el factor de
temporalidad respecto del momento de enajenación, es lo que determina ubicarse
en la categoría prevista en el artículo 30 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, sino que la realización del objeto social de todos los contribuyentes
enunciados en la norma radica precisamente en que para poder cumplir con su
objeto, necesariamente deben generar o adquirir bienes que por su naturaleza
requieren de más de un ejercicio fiscal. Así, se estima que la categoría creada
por el legislador se constituye sobre bases objetivas en tanto que atiende al
hecho de que los contribuyentes que incluyó, necesariamente se enfrentarán a un
desfase entre los ejercicios en que se realizan las erogaciones y el momento en
que obtendrán los ingresos que deriven de esas erogaciones, porque la
realización de su objeto social así lo demanda, esto es, se trata de una
condición sine qua non que el contribuyente puede generar los ingresos objeto
del tributo. Consecuentemente, el régimen opcional previsto en el artículo 30,
párrafo primero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no viola el principio
de equidad tributaria en tanto que la categoría de contribuyentes creada
atiende a una razón objetiva, dado que la realización de las actividades
económicas de esos sujetos, no pueden lograrse sin antes incurrir en grandes
inversiones y no sólo eso, sino también necesariamente deben esperar diversos
ejercicios fiscales para generar ingresos. Esto es, la intención del legislador
fue la de incentivar a un sector muy concreto de contribuyentes, a efecto de
que no se vean imposibilitados de, en su caso, aplicar las pérdidas fiscales
que generen y, en esa medida, continuar con la ejecución de su actividad.
PRIMERA SALA
Amparo en revisión 934/2015.
Administración de Fondos Funerarios, S.A. de C.V. 5 de abril de 2017. Cinco
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz,
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña
Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente:
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Fernando Cruz Ventura.
Esta tesis se publicó el viernes 01 de
septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época:
Décima Época
Registro:
2015038
Instancia:
Primera Sala
Tipo de
Tesis: Aislada
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h
Materia(s):
(Constitucional, Administrativa)
Tesis:
1a. CXVIII/2017 (10a.)
PÉRDIDA
O GANANCIA CAMBIARIA. AL INCORPORARSE AL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS DÍA CON
DÍA, REFLEJA UNA CAPACIDAD ECONÓMICA QUE PUEDE SER GRAVADA.
En términos de lo dispuesto en el
artículo 8, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la
pérdida o la ganancia cambiaria se incorporan al patrimonio de las personas día
con día, esto es, se ve reflejado en el patrimonio momento a momento, de ahí
que utilice el concepto de devengar al referirse a la ganancia o a la pérdida
cambiaria; incluso, es la misma concepción que de ese término se utiliza en las
normas de información financiera. Por lo tanto, es correcto que en la ley se
haya reconocido el movimiento de riqueza en el patrimonio de las personas, ya
sea ganancia o pérdida, como se va generando, sin que deba esperarse hasta que
efectivamente se materialice el cumplimiento de la obligación pactada en moneda
extranjera. Esto es, la ganancia o la pérdida cambiaria fluctúa día con día, lo
que implica que los sujetos que contratan u obtienen préstamos en moneda
extranjera ven modificado su patrimonio constantemente, es decir, la sola
fluctuación de la moneda extranjera sobre la cual se llevó a cabo el negocio
jurídico, hace que existan movimientos de riqueza que afectan a las personas de
forma negativa o positiva. Así, son esos movimientos de la riqueza que el
legislador pretendió gravar a través de conceder a la fluctuación cambiaria el
mismo tratamiento que a los intereses devengados, pues estos conceptos se van
generando día a día y modifican en esa misma medida el patrimonio de las
personas. En ese sentido es que no se requiere que se materialicen las
contraprestaciones pactadas en los negocios jurídicos para que se reconozca la
potencialidad de contribuir, esto es, no requiere que exista un flujo de
efectivo para advertir que un concepto modifica el patrimonio de las personas
y, en esa medida, refleje una capacidad económica que permita ser gravada.
PRIMERA SALA
Amparo en revisión 947/2016. Prologis
Fondo Logístico 1, S. de R.L. de C.V. 5 de abril de 2017. Cinco votos de los
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario
Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández.
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Fernando Cruz Ventura.
Esta tesis se publicó el viernes 01 de
septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época:
Décima Época
Registro:
2015036
Instancia:
Primera Sala
Tipo de
Tesis: Aislada
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h
Materia(s):
(Administrativa)
Tesis:
1a. XCIII/2017 (10a.)
IMPUESTO
POR OPERACIONES CONSIGNADAS EN ESCRITURAS PÚBLICAS Y ENAJENACIÓN DE INMUEBLES.
LOS ARTÍCULOS 126, PÁRRAFO TERCERO, Y 127, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, Y 33, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, ASÍ COMO LA REGLA I.2.7.5.4. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA
2014, SON CONGRUENTES, PUES NO SÓLO PREVÉN EL DEBER DE CALCULAR Y ENTERAR LOS
IMPUESTOS RELATIVOS, SINO TAMBIÉN EL DE RETENERLOS.
Las normas citadas establecen,
respectivamente, que en operaciones consignadas en escrituras públicas y
enajenación de inmuebles por las que se deban pagar los impuestos relativos,
los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que por disposición legal
tengan funciones notariales, los calcularán bajo su responsabilidad y los
enterarán en las oficinas autorizadas, dentro de los quince días siguientes a
la fecha de firma de la escritura respectiva, y que deberán proporcionar al
contribuyente que efectúe la operación correspondiente, conforme a las reglas
de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria, la
información relativa a la determinación del cálculo respectivo y expedir el
comprobante fiscal en el que conste la operación, así como el impuesto retenido
que fue enterado. Ahora bien, entender que los artículos 126, párrafo tercero,
y 127, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 33, párrafo
segundo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como la regla I.2.7.5.4.
de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, sólo imponen el deber de calcular
y enterar los impuestos relativos, así como expedir los comprobantes fiscales
respectivos, sin establecer el deber de retención de esos tributos y, por ende,
expedir comprobantes por operaciones que no se llevan a cabo, a saber, la
retención de los impuestos indicados, sería tanto como aceptar una lectura
sesgada del sentido normativo de éstos, aspecto que ha sido ampliamente
desestimado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar que
las normas de cualquier ordenamiento jurídico deben interpretarse de forma
sistemática y no aisladamente, pues de lo contrario, podría incurrirse en
incongruencias o inconsistencias normativas. De ahí que los preceptos citados
son congruentes al prever no sólo el deber de dichos fedatarios de calcular y
enterar los impuestos sobre la renta y al valor agregado en aquellas
operaciones en las que interviene su fe pública, sino también el de retener los
montos de esos tributos.
PRIMERA SALA
Amparo en revisión 968/2015. Juan Manuel
Flores Femat. 22 de febrero de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo,
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón
Cossío Díaz. Secretarios: Víctor Manuel Rocha Mercado, Monserrat Cid Cabello y
Dolores Rueda Aguilar.
Esta tesis se publicó el viernes 01 de
septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época:
Décima Época
Registro:
2015035
Instancia:
Primera Sala
Tipo de
Tesis: Aislada
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h
Materia(s):
(Administrativa)
Tesis:
1a. CIII/2017 (10a.)
IMPUESTO
CEDULAR SOBRE LOS INGRESOS DE LAS PERSONAS FÍSICAS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES
INMUEBLES. LA REMISIÓN A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA EL CÁLCULO DE
SU BASE, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 20-I, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY GENERAL DE
HACIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN, ATIENDE A LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN EL
ARTÍCULO 43 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
El artículo 20-I, párrafo primero, de la
Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán establece que para los efectos de
la determinación de la base consistente en la ganancia, la cual se determina
restando de los ingresos por enajenación de bienes inmuebles las deducciones a
que se refiere el artículo 121 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se
atenderá a lo establecido en la sección I del capítulo IV del título IV de ésta
y a sus disposiciones reglamentarias. Ahora bien, la remisión normativa
prevista en el artículo 20-I aludido para el cálculo de la base, atiende a las
características que el Congreso de la Unión estableció en el artículo 43 de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado, por el cual dotó a las entidades
federativas del país de potestad tributaria, para que, sin contravenir el
compromiso contraído al adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal,
puedan establecer impuestos cedulares por los ingresos que obtengan las
personas físicas, entre otros, por enajenación de bienes inmuebles, siempre que
dichos impuestos reúnan ciertas características, por ejemplo, el que se deberá
aplicar sobre la ganancia obtenida por la enajenación y que la base del
impuesto deberá considerar los ingresos y las deducciones que establece la Ley
del Impuesto sobre la Renta, para los ingresos similares a los comprendidos en
los impuestos cedulares, sin incluir el impuesto cedular local.
PRIMERA SALA
Amparo en revisión 13/2015. Adela Martín
Becil. 29 de marzo de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto
concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández.
Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández.
Secretarios: Alma Delia Virto Aguilar y Adrián González Utusástegui.
Esta tesis se publicó el viernes 01 de
septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época:
Décima Época
Registro:
2015034
Instancia:
Primera Sala
Tipo de
Tesis: Aislada
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h
Materia(s):
(Administrativa)
Tesis:
1a. CIV/2017 (10a.)
IMPUESTO
CEDULAR POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES. EL ARTÍCULO 20-I DE LA LEY
GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN QUE PREVÉ SU PAGO POR CADA OPERACIÓN,
NO IMPIDE AL CONTRIBUYENTE EFECTUAR LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 121 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
El artículo 20-I de la Ley General de
Hacienda del Estado de Yucatán, al establecer que el pago del impuesto cedular
se hará por cada una de las operaciones que se realicen, aplicando la tasa
sobre la base determinada y se entregará mediante declaración que se presentará
dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de la enajenación, no
impide al contribuyente efectuar las deducciones autorizadas en términos del
artículo 121 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aun cuando el numeral 120
de ésta, que por remisión expresa rige para el cálculo del impuesto cedular,
dispone que el cálculo del impuesto será anual, pues este último dispositivo
también prevé que la ganancia como base del impuesto se determina restando a
los ingresos por la enajenación de bienes inmuebles las deducciones
autorizadas; además, atento al artículo 127 de la ley referida, tratándose de
la enajenación de terrenos el pago se efectuará por cada operación, como se observó
en el impuesto cedular.
PRIMERA SALA
Amparo en revisión 13/2015. Adela Martín
Becil. 29 de marzo de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto
concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández.
Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández.
Secretario: Alma Delia Virto Aguilar y Adrián González Utusástegui.
Esta tesis se publicó el viernes 01 de
septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época:
Décima Época
Registro:
2015030
Instancia:
Primera Sala
Tipo de
Tesis: Aislada
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h
Materia(s):
(Constitucional)
Tesis:
1a. CXX/2017 (10a.)
FLUCTUACIÓN
CAMBIARIA. PARA ANALIZAR SU INEQUIDAD POR ESTAR GRAVADA, NO PUEDEN TOMARSE COMO
PARÁMETROS VÁLIDOS, LOS CONCEPTOS DE INCREMENTO DE VALOR DE BIENES INMUEBLES Y
DE ACCIONES.
Para conocer los movimientos de riqueza
tratándose de bienes inmuebles (terrenos) y acciones, la Ley del Impuesto sobre
la Renta vigente prevé procedimientos específicos, conforme a los cuales, para
conocer la modificación patrimonial de esos bienes se requiere que se enajenen,
para que así su valor original se traiga a un valor presente y confrontarlo con
el valor de enajenación. Situación distinta pasa con los préstamos o deudas
contratados en moneda extranjera, pues este tipo de operaciones genera un
movimiento en los valores de la moneda extranjera y la moneda nacional de
momento a momento, cuya diferencia positiva o negativa genera, por sí misma,
una afectación al patrimonio de las personas, sin que para conocer el valor de
la fluctuación cambiaria se requiera de la enajenación o de alguna otra
operación similar, como sí ocurre con los terrenos y las acciones. Por tanto,
no se encuentran en un plano comparable las operaciones que tienen que ver con
la enajenación de terrenos o de acciones, respecto de la ganancia o pérdida
cambiaria, pues la finalidad que persigue cada uno de esos procedimientos es
distinta, por lo que no pueden tomarse como parámetros válidos a efecto de
hacer un análisis de equidad.
PRIMERA SALA
Amparo en revisión 947/2016. Prologis
Fondo Logístico 1, S. de R.L. de C.V. 5 de abril de 2017. Cinco votos de los
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario
Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández.
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Fernando Cruz Ventura.
Esta tesis se publicó el viernes 01 de
septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época:
Décima Época
Registro:
2015029
Instancia:
Primera Sala
Tipo de
Tesis: Aislada
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h
Materia(s):
(Administrativa)
Tesis:
1a. CXVII/2017 (10a.)
FLUCTUACIÓN
CAMBIARIA E INTERESES. EL ARTÍCULO 8, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA, LES DA UN TRATAMIENTO IGUAL, AL TENER NATURALEZA SIMILAR.
El mencionado artículo establece que
para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta la ganancia o pérdida
cambiaria devengadas, tendrá el mismo tratamiento que establece para los
intereses. Lo anterior es así, pues ambas figuras se generan día con día, esto
es, los intereses con motivo del acuerdo de voluntades de quienes se
comprometieron a pagarlos; y la fluctuación cambiaria se gesta por la propia
naturaleza cambiante de la moneda extranjera. Por tanto, dada la naturaleza
similar de la fluctuación y los intereses, en la Ley del Impuesto sobre la
Renta se les da un tratamiento igual, pues se está ante conceptos que se
generan día con día y constituyen cargas financieras que deben soportarse, no
obstante que no constituyen una misma cosa.
PRIMERA SALA
Amparo en revisión 947/2016. Prologis
Fondo Logístico 1, S. de R.L. de C.V. 5 de abril de 2017. Cinco votos de los
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario
Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández.
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Fernando Cruz Ventura.
Esta tesis se publicó el viernes 01 de
septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época:
Décima Época
Registro:
2015021
Instancia:
Primera Sala
Tipo de
Tesis: Jurisprudencia
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 01 de septiembre de 2017 10:10 h
Materia(s):
(Constitucional)
Tesis:
1a./J. 70/2017 (10a.)
ESTÍMULOS
FISCALES. EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN I, DEL DECRETO QUE COMPILA
DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES Y ESTABLECE MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE
IGUALDAD JURÍDICA.
El precepto mencionado del Decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013
establece la posibilidad de que las personas físicas que únicamente realicen
actos o actividades con el público en general y que opten por tributar en el
régimen de incorporación fiscal previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta,
con el respectivo cumplimiento de las obligaciones, apliquen para el referido
ejercicio fiscal una cantidad equivalente al cien por ciento (100%) del
impuesto al valor agregado que deben pagar por la enajenación de bienes, la
prestación de servicios independientes o el otorgamiento del uso o goce
temporal de bienes muebles, el cual será acreditable contra el referido
impuesto que deban pagar por dichas operaciones. Ello, siempre que los
contribuyentes no trasladen al adquirente de los bienes, al receptor de los
servicios independientes o a quien se otorgue el uso o goce temporal de bienes
muebles, cantidad alguna por concepto del impuesto al valor agregado y que no
realicen acreditamiento alguno del impuesto referido que les haya sido
trasladado y del propio impuesto que hubiesen pagado con motivo de la
importación de bienes o servicios. El citado precepto otorga un trato
diferenciado entre las personas físicas que bajo las referidas condiciones
optan por tributar en el régimen de incorporación fiscal previsto en la Ley del
Impuesto sobre la Renta, para efecto del pago del impuesto al valor agregado
únicamente para el ejercicio fiscal de 2014, respecto de las que tributan
conforme al régimen general. Dicho trato está justificado, en la medida en que
atendió a su menor capacidad económica y administrativa que los hace diferentes
del resto de los sujetos obligados del impuesto al valor agregado, aunado al
objetivo perseguido por dicho estímulo fiscal, el cual tiende principalmente a
la simplificación administrativa como factor clave para acelerar la
formalización de la economía, en concreto para fomentar la formalidad de las
personas físicas con actividad empresarial con capacidad administrativa
limitada. Por tanto, la porción normativa que se reclama no transgrede el
principio de igualdad jurídica reconocido en el artículo 1o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que persigue una finalidad
objetiva y constitucionalmente válida, la cual está basada en fines
extrafiscales y razones de política económica.
PRIMERA SALA
Amparo en revisión 776/2015. Corporativo
de Servicios El Cid, S.A. de C.V. y otras. 1 de marzo de 2017. Cinco votos de
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge
Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña
Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Monserrat Cid Cabello,
Dolores Rueda Aguilar y Víctor Manuel Rocha Mercado.
Amparo en revisión 1028/2015. Merza Administración,
S.A. de C.V. 1 de marzo de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón Cossío
Díaz. Secretarios: Monserrat Cid Cabello, Dolores Rueda Aguilar y Víctor Manuel
Rocha Mercado.
Amparo en revisión 1031/2015. Abarrotera
del Duero, S.A. de C.V. 1 de marzo de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo,
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón
Cossío Díaz. Secretarios: Monserrat Cid Cabello, Dolores Rueda Aguilar y Víctor
Manuel Rocha Mercado.
Amparo en revisión 1096/2015. Programas
Especializados Oceánica, S.A. de C.V. 1 de marzo de 2017. Cinco votos de los
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario
Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández.
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Monserrat Cid Cabello, Dolores
Rueda Aguilar y Víctor Manuel Rocha Mercado.
Amparo en revisión 761/2015. Nuempresas,
S.A. de C.V. 8 de marzo de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón Cossío
Díaz. Secretarios: Monserrat Cid Cabello, Dolores Rueda Aguilar y Víctor Manuel
Rocha Mercado.
Tesis de jurisprudencia 70/2017 (10a.).
Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintitrés de
agosto de dos mil diecisiete.
Esta tesis se publicó el viernes 01 de
septiembre de 2017 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación
y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 04 de
septiembre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo
General Plenario 19/2013.
