Época: Décima Época
Registro: 2013132
Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de
la Federación
Publicación: viernes 18 de
noviembre de 2016 10:29 h
Materia(s): (Administrativa)
Tesis: I.1o.A.138 A (10a.)
VISITA DOMICILIARIA. LA
AUTORIDAD TRIBUTARIA DEBE CONCLUIRLA EN EL PLAZO DE SEIS MESES PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 90, FRACCIÓN IX, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, CONTADO A
PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE LE NOTIFICÓ LA SENTENCIA QUE REPUSO EL PROCEDIMIENTO
POR HABERSE CONSIDERADO NULAS ALGUNAS DE SUS ACTUACIONES.
Del artículo 90, fracción VII, del Código Fiscal del
Distrito Federal se advierte que las autoridades tienen un plazo de doce meses
para concluir la práctica de la visita domiciliaria, la cual, conforme a la
diversa fracción IX del propio precepto podrá reponerse, por única ocasión,
cuando la autoridad, de oficio, detecte alguna irregularidad en las actas de
visita o documentación relacionada con éstas, contando con seis meses para concluir
el procedimiento fiscalizador, a partir de la reposición. En estas condiciones,
si bien es cierto que el ordenamiento mencionado no prevé expresamente cuál es
el plazo que tiene la autoridad hacendaria para concluir el procedimiento
fiscalizador cuando éste se reponga, al haber sido declaradas nulas algunas de
las actuaciones de la visita domiciliaria mediante la decisión de un órgano
jurisdiccional, también lo es que, acorde con el principio de derecho conforme
al cual donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, dicho
procedimiento debe concluir en el plazo de seis meses previsto en la fracción
IX del artículo 90 citado, aunque la reposición haya tenido como origen una
sentencia anulatoria, pues estimar lo contrario haría nugatorios los fines de
la reposición, que son, por una parte, subsanar las irregularidades cometidas
en las diligencias a fin de dar oportunidad al gobernado de una defensa
adecuada y oportuna y, por otra, permitir a la autoridad continuar con el
ejercicio de sus facultades de comprobación y dictar la resolución
correspondiente, pero con el límite de tiempo precisado, contado a partir del
día siguiente al en que se notificó a la autoridad la sentencia que anuló el procedimiento
de fiscalización.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 300/2016. Resken, S.A. de C.V. 23 de junio
de 2016. Mayoría de votos. Disidente: Carlos Ronzon Sevilla. Ponente: Julio
Humberto Hernández Fonseca. Secretaria: Claudia Gabriela Vázquez Ramos.
Esta tesis se publicó el viernes 18 de noviembre de 2016 a
las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2013121
Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de
la Federación
Publicación: viernes 18 de
noviembre de 2016 10:29 h
Materia(s): (Laboral)
Tesis: VII.2o.T.82 L (10a.)
PRIMA DE ANTIGÜEDAD.
SALARIO QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA FIJAR SU MONTO CUANDO EL TRABAJADOR
ESTÁ EN ACTIVO, DESEMPEÑÁNDOSE EN UN PUESTO INTERINO Y REGRESA AL ORDINARIO DE
BASE DENTRO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ES EL QUE SE ENCUENTRA
VIGENTE AL PRONUNCIARSE LAUDO DECRETANDO SU JUBILACIÓN.
En íntima relación con la jubilación del trabajador se
encuentra el otorgamiento de la prima de antigüedad, prevista en la cláusula 59
Bis del Contrato Colectivo de Trabajo bienio 2013-2015, suscrito por el
Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social con dicha
entidad, siendo una prestación que tiene como presupuesto la terminación de la
relación laboral; así pues, cuando el operario, aun en activo, demanda ante la
Junta de Conciliación y Arbitraje aquella forma de concluir el vínculo de
trabajo y como consecuencia el pago de su prima de antigüedad, el salario a
considerar para su pago, es aquel que esté percibiendo ordinariamente y al
momento en que se determina en sede jurisdiccional en el laudo con carácter
firme el derecho a la jubilación, que implica la culminación definitiva de la
relación laboral y no el que devengaba cuando ésta es solicitada, incluso en
otra categoría.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL
SÉPTIMO CIRCUITO.
Amparo directo 1049/2015. Instituto Mexicano del Seguro
Social. 7 de julio de 2016. Unanimidad de votos; mayoría en cuanto al sentido y
tema de la tesis. Ponente: Jorge Toss Capistrán. Secretario: Arturo Navarro
Plata.
Esta tesis se publicó el viernes 18 de noviembre de 2016 a
las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2013120
Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de
la Federación
Publicación: viernes 18 de
noviembre de 2016 10:29 h
Materia(s): (Laboral)
Tesis: VII.2o.T.83 L (10a.)
PRESCRIPCIÓN EN MATERIA
LABORAL. EL PLAZO GENÉRICO PARA SU CONFIGURACIÓN NO SE INTERRUMPE CON LA
PROMOCIÓN DE UN EXPEDIENTE PARAPROCESAL DE SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE
BENEFICIARIOS, EN EL QUE NO SE RECLAMAN PRESTACIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA DEL
TRABAJADOR FALLECIDO.
El artículo 521 de la Ley Federal del Trabajo señala que la
prescripción se interrumpe por la sola presentación de la demanda o de
cualquier promoción ante la Junta de Conciliación y Arbitraje,
independientemente de la fecha de la notificación o que la Junta sea
incompetente; así como porque la persona a cuyo favor corra la prescripción
reconozca el derecho que le es exigible; luego, debe entenderse que la
prescripción se interrumpe con la presentación ante la autoridad jurisdiccional
del escrito, promoción o demanda, siempre y cuando en ésta se reclame la
prestación por la cual el patrón opone la excepción de prescripción, ya que
ello permite que pueda analizarse a partir de la fecha en que se promovió la
acción de pago, cumplimiento, o la que se trate, con la que el demandado la
invoque a su favor. Sin embargo, el expediente paraprocesal en el que el
promovente sólo instó el reconocimiento de su carácter de beneficiario de los
derechos laborales del extinto trabajador, no tiene el alcance de interrumpir
la prescripción genérica de un año prevista en el artículo 516 de la referida
ley. Lo anterior, porque quien instó el expediente paraprocesal de solicitud de
declaración de beneficiarios no solicitó prestaciones de índole económica, como
la prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, sino hasta la
promoción de la demanda que da origen al juicio natural, génesis del laudo
reclamado, sin que pueda estimarse que con la promoción correlativa la
beneficiaria preparó el reclamo de aquéllas y, de esa manera, interrumpir la
prescripción, ya que desde un inicio era procedente instar, en el procedimiento
contencioso, además de la declaración de beneficiarios, el reclamo de
prestaciones económicas contra el patrón.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL
SÉPTIMO CIRCUITO.
Amparo directo 1124/2015. Rosa Isela Pastor Méndez. 30 de
junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Toss Capistrán. Secretario:
Renato de Jesús Martínez Lemus.
Esta tesis se publicó el viernes 18 de noviembre de 2016 a
las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2013105
Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de
la Federación
Publicación: viernes 18 de
noviembre de 2016 10:29 h
Materia(s): (Administrativa)
Tesis: I.1o.A.144 A (10a.)
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. LAS BEBIDAS DENOMINADAS COMERCIALMENTE COMO "CERVEZAS
SIN ALCOHOL" QUE CONTIENEN MENOS DE DOS GRADOS GAY LUSSAC EN VOLUMEN DE
ALCOHOL, NO SON GRAVADAS EN TÉRMINOS DE LA LEY RELATIVA.
De conformidad con la Norma Oficial Mexicana
NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos
y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria, las
bebidas no alcohólicas son aquellas que contienen menos de dos por ciento de
grados Gay Lussac en volumen de alcohol etílico. Por su parte, del análisis
sistemático y funcional de los artículos 1o. y 3o., fracción II, de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en correlación con los diversos
175 y 176 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, y la
Norma Oficial Mexicana NOM-142-SSA1/SCF1-2014, Bebidas alcohólicas.
Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial, la acepción
"cerveza", para efectos del pago del impuesto, corresponde a una
bebida alcohólica obtenida por fermentación del producto que le sirve de base para
su elaboración, y que su contenido alcohólico oscila entre dos y veinte grados
Gay Lussac en volumen de alcohol. En consecuencia, las bebidas denominadas
comercialmente como "cervezas sin alcohol" que no rebasan dicha
cantidad de grados en volumen de alcohol se consideran como bebidas no
alcohólicas y, por tanto, no están sujetas a esa contribución.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 503/2016. Ana Carmen Molina Cardona. 8 de
septiembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario:
Juan Velarde Bernal.
Esta tesis se publicó el viernes 18 de noviembre de 2016 a
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Época: Décima Época
Registro: 2013103
Instancia: Tribunales Colegiados
de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de
la Federación
Publicación: viernes 18 de
noviembre de 2016 10:29 h
Materia(s): (Administrativa)
Tesis: I.9o.A.91 A (10a.)
DICTAMEN DE
CALIFICACIÓN CONTENIDO EN EL AVISO DE ATENCIÓN MÉDICA Y CALIFICACIÓN DE
PROBABLE ENFERMEDAD DE TRABAJO (FORMATO ST-9). NO ES UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA
DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, IMPUGNABLE EN LA VÍA CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA.
El aludido dictamen de calificación no es una resolución definitiva
impugnable en la vía contenciosa administrativa, al no constituir un
pronunciamiento firme que, por su sola expedición, en forma inmediata y
coactiva declare o transforme la situación jurídica del patrón, vinculándolo
invariablemente a realizar el entero del tributo en términos diversos a los que
venía haciéndolo, sino que únicamente califica una probable enfermedad de
trabajo, sin que se trate de la última voluntad del Instituto Mexicano del
Seguro Social, pues aunque con base en los artículos 32 y 33 del Reglamento de
la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas,
Recaudación y Fiscalización, relativos al procedimiento para la determinación
de la prima del riesgo de trabajo y de rectificación, el patrón se encuentra
obligado a revisar anualmente su siniestralidad para determinar si pertenece a
la misma prima, la disminuye o la aumenta, cubriendo las cuotas del seguro por
riesgos de trabajo, sin embargo, el organismo mencionado podrá rectificarla o
determinarla mediante la emisión de una resolución, en caso de que el patrón no
lo haya determinado o lo hiciere incorrectamente, no presente declaración
alguna, o bien, exista escrito de éste en el que manifieste su desacuerdo con
la prima y éste sea procedente. Esto es, los documentos referidos a un
accidente de trabajo dictaminado por un médico no constituyen la última
voluntad de aquel instituto que genere un agravio al patrón, en tanto a éste no
se le haya negado la rectificación expresada en su autodeterminación de la prima
de riesgo, ni resuelto adversamente a su escrito de desacuerdo. Por tanto, el
dictamen señalado no se ubica en los supuestos de procedencia del juicio de
nulidad, previstos en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa abrogada.
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 253/2016. Ryder Servicios, S. de R.L. de
C.V. 18 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: María Simona Ramos
Ruvalcaba. Secretario: Alfredo Agustín Aranda Domínguez.
Amparo directo 324/2016. Manpower, S.A. de C.V. 25 de
agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Edwin Noé García Baeza.
Secretario: Daniel Horacio Acevedo Robledo.
Esta tesis se publicó el viernes 18 de noviembre de 2016 a
las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2013098
Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de
la Federación
Publicación: viernes 18 de
noviembre de 2016 10:29 h
Materia(s): (Civil)
Tesis: XXVII.2o.2 C (10a.)
CONTRATO DE SOCIEDAD.
EL TÉRMINO PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 1045 DEL CÓDIGO DE COMERCIO,
PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN, SÓLO ES APLICABLE A LAS ACCIONES EN LAS QUE SE
RECLAMA LA NULIDAD RELATIVA DE ASPECTOS VINCULADOS CON AQUÉL.
El artículo 1045, fracción I, del Código de Comercio
establece que las acciones derivadas del contrato de sociedad, por lo que hace
a derechos y obligaciones de la sociedad para con los socios y de los socios
para con la sociedad y de los socios entre sí, por razón de la sociedad,
prescribirán en cinco años. Por su parte, los artículos 2225, 2226 y 2227 del
Código Civil Federal, aplicables supletoriamente al Código de Comercio,
conforme a su artículo 2o., distinguen dentro del género de nulidad, dos
especies: la absoluta y la relativa, y permiten la identificación de cada una
con base en sus elementos característicos. El precepto 2226 establece: "La
nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca
provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente
cuando se pronuncie por el Juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo
interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción.". La
nulidad relativa en cambio, se define por oposición de los elementos que
caracterizan a la nulidad absoluta, ya que el artículo 2227 señala que la
nulidad es relativa cuando no reúne todos los requisitos del numeral 2226, a
pesar de que el acto produzca provisionalmente sus efectos. Así, una nota
distintiva entre la nulidad absoluta y la relativa es que la primera no
desaparece por prescripción o confirmación, es perpetua y su existencia puede
ser invocada por todo interesado; mientras que la nulidad relativa sí es
susceptible de prescribir. En ese contexto, del análisis armónico y sistemático
del señalado artículo 1045, fracción I, del Código de Comercio, en relación con
los diversos 2225, 2226 y 2227, conduce a establecer que el primer precepto
sólo puede referirse a las acciones en las que existe la posibilidad de que
opere la figura de la prescripción, esto es, a aquellas en las que se demanda
la nulidad relativa; en tanto que aquellas en las que se reclama la nulidad
absoluta quedan excluidas del supuesto de prescripción regulado por el
dispositivo en comento, precisamente por ser imprescriptibles.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Amparo directo 75/2016. Andrea Lotito. 26 de mayo de 2016.
Unanimidad de votos. Ponente: Adán Gilberto Villarreal Castro. Secretaria:
Alicia Ramírez Ricárdez.
Esta tesis se publicó el viernes 18 de noviembre de 2016 a
las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2013095
Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de
la Federación
Publicación: viernes 18 de
noviembre de 2016 10:29 h
Materia(s): (Laboral)
Tesis: (IV Región)2o. J/7
(10a.)
CARGA DINÁMICA DE LA
PRUEBA EN MATERIA LABORAL. CORRESPONDE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
CUANDO CONTROVIERTE EL PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS SEMANAS DE COTIZACIÓN DE LOS
TRABAJADORES INSCRITOS EN EL RÉGIMEN DEL SEGURO OBLIGATORIO.
En caso de que el Instituto Mexicano del Seguro Social
controvierta el promedio de las últimas semanas cotizadas por el trabajador en
el régimen de seguridad social obligatorio, la carga de la prueba atañe a
aquél, a pesar de tener el carácter de ente asegurador y no patrón; lo
anterior, por la aplicación analógica del artículo 784 de la Ley Federal del
Trabajo, ya que de conformidad con este precepto, debe relevarse al trabajador
de probar los hechos que refiere como base de su acción, en los casos en que la
contraparte o tercero ajeno al juicio disponga de más elementos que él para
justificar lo que éste afirma; asimismo, en observancia de la figura que en la
doctrina procesal es conocida como "carga dinámica de la prueba",
conforme a la cual, debe aportar las probanzas quien esté en mejor posición o
condición de hacerlo, ya sea por cuestiones técnicas, profesionales, fácticas o
de mejor oportunidad, en un contexto de buena fe y solidaridad procesal, frente
a situaciones de insuficiencia probatoria de la contraparte que objetivamente
es necesario atender.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR
DE LA CUARTA REGIÓN.
Amparo directo 1426/2015 (cuaderno auxiliar 173/2016) del
índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito,
con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la
Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 12 de abril de 2016.
Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel
Rosas Solano.
Amparo directo 81/2016 (cuaderno auxiliar 279/2016) del
índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito,
con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la
Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 12 de mayo de 2016.
Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel
Rosas Solano.
Amparo directo 116/2016 (cuaderno auxiliar 298/2016) del
índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito,
con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la
Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 9 de junio de 2016. Unanimidad
de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano.
Amparo directo 257/2016 (cuaderno auxiliar 408/2016) del
índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito,
con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la
Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 7 de julio de 2016.
Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel
Rosas Solano.
Amparo directo 305/2016 (cuaderno auxiliar 437/2016) del
índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito,
con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la
Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 11 de agosto de 2016.
Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel
Rosas Solano.
Esta tesis se publicó el viernes 18 de noviembre de 2016 a
las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se
considera de aplicación obligatoria a partir del martes 22 de noviembre de
2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General
Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2013086
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de
la Federación
Publicación: viernes 18 de
noviembre de 2016 10:29 h
Materia(s): (Común)
Tesis: 2a. CXVIII/2016 (10a.)
JURISPRUDENCIA
TEMÁTICA. LOS ARTÍCULOS 94 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y 215 AL 226 DE LA LEY DE AMPARO NO LA PROHÍBEN.
La jurisprudencia es temática cuando se advierte que el
tema interpretado es previsible que esté presente en otras disposiciones
estatales o federales diversas, por lo cual, en acatamiento al artículo 17,
párrafo segundo, de la Constitución Federal, es conveniente que para brindar
seguridad jurídica en forma inmediata al resto del orden jurídico, se genere un
criterio que abarque el mayor número de casos que en un futuro se presenten,
tomando en cuenta, además, que los artículos 94, párrafo décimo, constitucional
y 215 al 226 de la Ley de Amparo, no prohíben la emisión de criterios de mayor
cobertura respecto de los casos que los originaron.
SEGUNDA SALA
Contradicción de tesis 174/2016. Entre las sustentadas por
el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, actual Primer Tribunal
Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito y el Cuarto Tribunal
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia
en Guadalajara, Jalisco. 5 de octubre de 2016. Mayoría de cuatro votos de los
Ministros Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita
Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Disidente: Eduardo Medina Mora I.
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Teresa Sánchez Medellín.
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no
resuelve el tema de fondo que se resolvió en la contradicción de tesis de la
cual deriva.
Esta tesis se publicó el viernes 18 de noviembre de 2016 a
las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2013085
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de
la Federación
Publicación: viernes 18 de
noviembre de 2016 10:29 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: 2a. CXVI/2016 (10a.)
CONTABILIDAD
ELECTRÓNICA. EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 28,
FRACCIONES III Y IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO IMPLICA DESATENDER
EL SECRETO FINANCIERO O BANCARIO, POR LO QUE, AL NO EXISTIR ANTINOMIA, AQUÉL NO
VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013).
El cumplimiento de las obligaciones previstas en el
precepto mencionado, consistentes en llevar contabilidad en medios electrónicos
e ingresarla mensualmente a través de la página de Internet del Servicio de
Administración Tributaria, no puede significar que las instituciones del
sistema financiero divulguen o revelen la información financiera de sus
clientes o cuentahabientes, porque en todo caso ésta se remite a la autoridad
hacendaria en ese riguroso concepto, esto es, como parte de su contabilidad electrónica,
sin implicar que con ese proceder se hace del conocimiento de terceros no
autorizados. En tal sentido, el cumplimiento de las obligaciones señaladas en
materia de contabilidad electrónica no conlleva que las instituciones
financieras desatiendan el deber de secrecía que les impone la normativa
correspondiente, por lo que, al no producirse antinomia con las disposiciones
que les obligan a guardarla, no se viola el derecho a la seguridad jurídica
reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
SEGUNDA SALA
Amparo en revisión 826/2016. Banco J.P. Morgan, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero y otras. 5 de
octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y
Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez
Dayán. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar Vázquez Moreno y
Fanuel Martínez López.
Esta tesis se publicó el viernes 18 de noviembre de 2016 a
las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2013081
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de
la Federación
Publicación: viernes 18 de
noviembre de 2016 10:29 h
Materia(s): (Administrativa)
Tesis: 2a./J. 163/2016 (10a.)
PROCEDIMIENTO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CONFORME AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 50 DE LA
LEY FEDERAL RELATIVA, LA SALA DEL CONOCIMIENTO, AL EMITIR SU SENTENCIA, DEBE
EXAMINAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LAS PARTES, CON LAS SALVEDADES
CORRESPONDIENTES.
El precepto citado dispone, en lo conducente, que las sentencias
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se fundarán en derecho
y resolverán sobre la pretensión del actor, y que las Salas podrán corregir los
errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y
examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los
demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la
contestación. De modo que en seguimiento del artículo 351 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 1o. de la
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el sentido de que
las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales deben examinar y
solucionar todas las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir
la decisión, se concluye que conforme al tercer párrafo del artículo 50 de este
último ordenamiento, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
al emitir las sentencias que correspondan, deben considerar todas las causas de
nulidad propuestas en la demanda y su ampliación, así como todas las razones
hechas valer por las autoridades en la contestación y, en su caso, en la
contestación a la ampliación de aquélla y, en general, las formuladas por todas
las partes, con el fin de cumplir con los principios de congruencia y
exhaustividad que prevé el referido numeral, así como garantizar a los
gobernados una tutela congruente, completa y eficaz de sus derechos, con las
salvedades que la propia Sala pueda advertir, por ejemplo, cuando se estimen
fundados los argumentos de la parte actora que conduzcan a la determinación de
una nulidad lisa y llana de la resolución combatida o, en general, cuando no
pueda invalidarse un acto legalmente destruido, así como en aquellos casos en
que la Sala considere innecesario el estudio de los argumentos de las partes,
supuesto este último en que aquélla quedará obligada a razonar por qué ya no
tendrá lugar el examen del resto de la argumentación de las partes.
SEGUNDA SALA
Contradicción de tesis 191/2016. Entre las sustentadas por
los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Séptimo
Circuito y Primero del Vigésimo Quinto Circuito. 5 de octubre de 2016. Cinco
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez
Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María Antonieta del
Carmen Torpey Cervantes.
Tesis y criterio contendientes:
Tesis VII.1o.A. J/40, de rubro: "SENTENCIA DE NULIDAD.
SI LA SALA FISCAL AL EMITIRLA OMITE ANALIZAR LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LA
AUTORIDAD EN LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, VIOLA EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA
PREVISTO POR EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2006).",
aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo
Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Tomo XXX, agosto de 2009, página 1506, y
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo
Quinto Circuito, al resolver la revisión fiscal 193/2014.
Tesis de jurisprudencia 163/2016 (10a.). Aprobada por la
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de octubre
de dos mil dieciséis.
Esta tesis se publicó el viernes 18 de noviembre de 2016 a
las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se
considera de aplicación obligatoria a partir del martes 22 de noviembre de
2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General
Plenario 19/2013.
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