Época:
Décima Época
Registro:
2015467
Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de
Tesis: Aislada
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 27 de octubre de 2017 10:37 h
Materia(s):
(Común)
Tesis:
I.8o.A.113 A (10a.)
VALOR
AGREGADO. REQUISITOS PARA QUE LAS EMPRESAS RESIDENTES EN MÉXICO QUE ENAJENAN
BIENES O PRESTAN SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREA DE PERSONAS Y DE BIENES POR
VÍA INTERNACIONAL, ACREDITEN SU INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO EL
ARTÍCULO 29, FRACCIONES V Y VI, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO.
El artículo 61, fracción XII, de la Ley
de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no
afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. Así, esa afectación al
interés jurídico supone la demostración plena de que la norma impugnada se
aplicó y produjo una afectación real y actual en la esfera jurídica del
quejoso, en términos del artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo. De esta
manera, la afectación al interés jurídico constituye un presupuesto procesal de
la acción constitucional, derivada de ser titular de un derecho, y se vincula
con la exigencia de una violación a un derecho constitucional debido a un acto
de aplicación de alguna norma, dada la especial situación que el quejoso ocupa
frente al ordenamiento jurídico. Por su parte, el artículo 29 de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado prevé la aplicación de la tasa del 0% a la
enajenación de bienes o la prestación de servicios, cuando unos u otros se
exporten, y establece que se entiende por exportación, entre otros casos, la
transportación aérea de personas y de bienes por vía internacional, por
empresas residentes en el país, únicamente por la parte del servicio (75%) que
no se considera prestado en el territorio nacional (fracciones V y VI). En
estas condiciones, el hecho correspondiente a esta hipótesis normativa se
actualiza por la concurrencia de dos requisitos: uno, objetivo, relativo a que
la enajenación de bienes o la prestación de los servicios de exportación se
realice de manera internacional y mediante la vía aérea y, otro, subjetivo,
referente a la calidad de empresa residente en México del prestador del
servicio. Por tanto, a fin de acreditar el interés jurídico para impugnar en
amparo el artículo 29, fracciones V y VI citado, debe demostrarse la
realización del acto o negocio jurídico específicamente regulado, pues para
efectos de la procedencia del amparo contra leyes, cuando se controvierte una
disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación,
es indispensable que se acredite que la hipótesis jurídica se concretó en forma
actual y directa en perjuicio del peticionario del amparo.
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 465/2015. Redpack,
S.A. de C.V. 14 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López
Ramos. Secretaria: Penélope Serrano Pérez.
Esta tesis se publicó el viernes 27 de
octubre de 2017 a las 10:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro:
2015458
Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de
Tesis: Aislada
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 27 de octubre de 2017 10:37 h
Materia(s):
(Administrativa)
Tesis:
I.8o.A.115 A (10a.)
SOLICITUD
DE CANCELACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES PRESENTADA ANTE AUTORIDAD INCOMPETENTE. NO
HAY OBLIGACIÓN DE REMITIRLA A LA QUE SE CONSIDERE DEBA RESOLVERLA, NI DE LA
SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ORDENARLO EN SU SENTENCIA
(LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).
El artículo 35, fracción XX, del
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal (hoy
Ciudad de México), atribuye al titular de la Tesorería la facultad de recibir,
tramitar y resolver las solicitudes de cancelación de créditos fiscales. Por
tanto, si éstas se presentan ante una autoridad incompetente, por ejemplo, una
Administración Tributaria de la entidad, la cual, conforme al artículo 80 del
mismo ordenamiento carece de facultades para resolver dichas solicitudes, no
existe obligación de remitirlas a la autoridad que considere competente, pues
la falta de contestación expresa dentro del plazo de cuatro meses genera la
negativa ficta. En el mismo sentido, tampoco es obligación de la Sala que
conozca de la negativa ficta a la solicitud correspondiente ordenarlo en su
sentencia, debido al principio de congruencia, contenido en el artículo 126,
fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), que en su modalidad
externa la obliga a someter a su análisis sólo las cuestiones hechas valer ante
ella.
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 45/2016. Marcelo Héctor Scaglia
Rosell. 7 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos.
Secretario: Omar Mora Cuevas.
Esta tesis se publicó el viernes 27 de
octubre de 2017 a las 10:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época:
Décima Época
Registro:
2015450
Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de
Tesis: Aislada
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 27 de octubre de 2017 10:37 h
Materia(s):
(Administrativa)
Tesis:
IV.1o.A.71 A (10a.)
RECIBO
DE PAGO DE DERECHOS. COMO ACTO ADMINISTRATIVO ES IMPUGNABLE EN TÉRMINOS DE LA
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO
Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN.
Del artículo 17, fracción IV, de la Ley
de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, se
advierte que el Tribunal de Justicia Administrativa es competente para conocer
del juicio que se promueva contra actos o resoluciones que causen un agravio en
materia fiscal o administrativa, dictados u ordenados por autoridades
administrativas, fiscales o entidades de la administración pública paraestatal
o de los Municipios del Estado de Nuevo León. Por su parte, el numeral 271,
fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, obliga a efectuar
el pago de derechos a quienes pretendan realizar una inscripción ante el
Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, con motivo de la
adquisición de inmuebles, esto es, los particulares que se ubiquen en esa
hipótesis deben cumplir lo señalado en la norma en cita y, la oficina receptora
del pago, actúa como autoridad en la generación del acto que emite como
comprobante de la recepción del numerario. Pago que, aun voluntario, causa
agravio en materia fiscal por tratarse de una obligación a cargo de las personas
que adquieren bienes inmuebles, por ello se trata de un acto administrativo,
que consiste en la declaración que se manifiesta de manera voluntaria en el
marco del accionar de la función pública y tiene la particularidad de producir,
en forma inmediata, efectos jurídicos individuales a cargo de quien lo produce,
al generar que la autoridad emita el acto administrativo en el que define el
importe, concepto y sujeto obligado a cumplir con la carga contenida en el
recibo de pago. De ahí que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
sea la autoridad competente para conocer de la impugnación del acto
administrativo reflejado en el recibo de pago correspondiente.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Amparo directo 663/2016. 9 de agosto de
2017. Unanimidad de votos. Ponente: Rogelio Cepeda Treviño. Secretario: Luis
Alberto Mata Balderas.
Esta tesis se publicó el viernes 27 de
octubre de 2017 a las 10:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época:
Décima Época
Registro:
2015446
Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de
Tesis: Aislada
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 27 de octubre de 2017 10:37 h
Materia(s):
(Constitucional)
Tesis:
I.8o.A.3 CS (10a.)
PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. SU OBJETO Y NATURALEZA JURÍDICA.
El presupuesto mencionado tiene como
objetivo fundamental el ordenamiento del gasto público, mediante la
distribución y asignación de un determinado monto de recursos, estimado con base
en los ingresos que se obtendrán por la recaudación de impuestos y la obtención
de derechos. Es un acto formalmente legislativo, pero materialmente
administrativo, porque desde su origen, el proyecto de presupuesto proviene del
Poder Ejecutivo Federal y su estructura, en general, no cambia por el hecho de
que la Cámara de Diputados lo apruebe en sus términos o lo modifique. También
es un acto de la administración y no una ley en sentido estricto, porque el
decreto por el que se aprueba lo expide una sola de las Cámaras del Congreso de
la Unión y no ambas. Tampoco está dirigido en forma general y abstracta a
regular de modo directo la conducta de todos los gobernados, sino que rige para
los sujetos obligados por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria de todas las entidades en cuanto a la administración y gasto de los
recursos públicos que integran el presupuesto; de modo que el proyecto de
presupuesto no tiene su génesis en un estricto proceso legislativo, sino que,
se reitera, lo crea originariamente el Poder Ejecutivo Federal y la Cámara de
Diputados lo aprueba anualmente, previo examen y discusión e, incluso, puede
modificarlo, con lo cual, los representantes del pueblo electos
democráticamente tienen una intervención constitucional exclusiva para
determinar o fijar los montos y destino del gasto público.
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Queja 75/2016. Colectivo Chuhcán, A.C. y
otra. 16 de junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos.
Secretaria: Lucero Concepción Hernández Sánchez.
Esta tesis se publicó el viernes 27 de
octubre de 2017 a las 10:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época:
Décima Época
Registro:
2015445
Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de
Tesis: Aislada
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 27 de octubre de 2017 10:37 h
Materia(s):
(Constitucional)
Tesis:
I.8o.A.5 CS (10a.)
PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. SU ADICIÓN O MODIFICACIÓN EN DETERMINADOS RAMOS NO
CONSTITUYE UNA OMISIÓN LEGISLATIVA.
La omisión legislativa se configura
cuando el legislador soslaya, en su ejercicio obligatorio o potestativo,
implementar prerrogativas constitucionales o desarrollar cláusulas de símil
naturaleza, a efecto de hacerlas operativas y eficaces. Ahora bien, el
presupuesto citado es un acto positivo ya existente. Por tanto, su adición o
modificación en determinados ramos, aun cuando se le atribuyan vicios
consistentes en dejar de atender o disminuir algunos rubros, no constituye una
omisión legislativa.
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Queja 75/2016. Colectivo Chuhcán, A.C. y
otra. 16 de junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos.
Secretaria: Lucero Concepción Hernández Sánchez.
Esta tesis se publicó el viernes 27 de
octubre de 2017 a las 10:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época:
Décima Época
Registro:
2015444
Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de
Tesis: Aislada
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 27 de octubre de 2017 10:37 h
Materia(s):
(Común)
Tesis:
I.8o.A.4 CS (10a.)
PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. CONTRA SU APROBACIÓN (DECRETO) POR LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO.
La aprobación del Presupuesto de Egresos
de la Federación es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, prevista
en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Por otra parte, el presupuesto está dirigido a regular el
ejercicio del gasto público y, en ese sentido, es un acto materialmente
administrativo con contenido y finalidad de administración de los recursos
públicos, que proviene de una colaboración entre el Poder Ejecutivo Federal que
lo proyecta y la Cámara de Diputados que lo aprueba. Así, en la medida en que
es una facultad exclusiva, se erige como una potestad soberana y discrecional,
porque únicamente puede ser ejercida por la Cámara de Diputados, con exclusión de
la de Senadores que, en este rubro, deja de ser colegisladora, porque no
participa en la aprobación de una iniciativa que origine una ley en sentido
formal y material. En estas condiciones, si la aprobación (decreto) del
presupuesto es un acto de colaboración republicana y su ejercicio es exclusivo
de la Cámara de Diputados, se trata de un acto soberano, inherente a la
representación que ésta ostenta. Por tanto, contra dicho acto el juicio de
amparo es improcedente, porque la acción constitucional no puede incidir en el
ejercicio de esa facultad exclusiva.
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Queja 75/2016. Colectivo Chuhcán, A.C. y
otra. 16 de junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos.
Secretaria: Lucero Concepción Hernández Sánchez.
Esta tesis se publicó el viernes 27 de
octubre de 2017 a las 10:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época:
Décima Época
Registro:
2015440
Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de
Tesis: Aislada
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 27 de octubre de 2017 10:37 h
Materia(s):
(Administrativa)
Tesis:
I.8o.A.114 A (10a.)
NEGATIVA
FICTA. NO BASTA QUE FORMALMENTE SE CONFIGURE, PARA QUE MATERIALMENTE SE CONSIDERE
QUE LA AUTORIDAD QUE OMITIÓ RESPONDER SEA COMPETENTE PARA RESOLVER SOBRE EL
FONDO DE LA SOLICITUD PRESENTADA ANTE ELLA.
Dentro del derecho a la seguridad
jurídica, previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se encuentra el elemento indispensable de validez de todo
acto de autoridad, que consiste en su competencia. Ello implica que la
autoridad debe existir conforme a una norma legal y ejercer las facultades que
le estén expresamente conferidas. Es decir, debe fundar su acto no sólo en el
precepto que la autoriza para emitirlo, sino, en algunos casos, también en
razón del territorio y de la materia que trate. Por otra parte, la negativa
ficta es la respuesta que la ley presume ha recaído en sentido negativo a una
solicitud, petición o instancia formulada por escrito, cuando la autoridad no
la contesta o no la resuelve en el plazo legalmente establecido para ello, la
cual puede impugnarse en el juicio contencioso administrativo; esto es, se
configura cuando: a) se presenta un escrito; b) hay silencio de la autoridad
para dar respuesta a éste; y, c) transcurre un plazo legal sin que la autoridad
resuelva expresamente. Sin embargo, el solo hecho de que formalmente se
satisfagan estos elementos, no implica que materialmente se considere que la
autoridad que omitió responder sea competente para resolver sobre el fondo de
la solicitud presentada ante ella; esto es, si no está dentro de las facultades
de ésta decidir sobre lo pedido, la negativa ficta es legal.
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 45/2016. Marcelo Héctor
Scaglia Rosell. 7 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López
Ramos. Secretario: Omar Mora Cuevas.
Esta tesis se publicó el viernes 27 de
octubre de 2017 a las 10:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época:
Décima Época
Registro:
2015437
Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de
Tesis: Aislada
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 27 de octubre de 2017 10:37 h
Materia(s):
(Administrativa)
Tesis:
I.8o.A.129 A (10a.)
MARCAS.
LA POSIBILIDAD DE REGISTRO DE LAS IDÉNTICAS A OTRAS YA REGISTRADAS, POR EL
MISMO TITULAR, PARA APLICARLAS A PRODUCTOS O SERVICIOS SIMILARES, NO SE
ACTUALIZA SI EL SOLICITANTE ES PERSONA DISTINTA DE AQUÉL, AUN CUANDO AMBOS
PERTENEZCAN AL MISMO GRUPO ECONÓMICO.
El artículo 90, fracción XVI, de la Ley
de la Propiedad Industrial prevé, en su primera parte, como regla general, dos
supuestos de improcedencia de la inscripción de un registro marcario: a) Cuando
la marca sea idéntica a otra en trámite de registro presentada con anterioridad
o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o
servicios; o, b) Cuando sea semejante en grado de confusión a otra en trámite
de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada
a los mismos o similares productos o servicios. Es decir, esa norma jurídica
distingue el supuesto en el que la marca sea idéntica, de aquel en que sea
semejante en grado de confusión. Por otro lado, la segunda parte de dicha
fracción establece una excepción: sí podrá registrarse una marca que sea
idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo
titular, para aplicarla a productos o servicios similares. Así, este último
supuesto tiene que aplicarse estrictamente, sin que pueda hacerse extensivo a
caso alguno no comprendido en su texto, acorde con el principio general de
derecho relativo a que las leyes que establecen excepciones a las reglas, son
de estricta o restrictiva interpretación y no pueden hacerse extensivas, por
analogía, a situaciones diversas de las expresamente previstas. Por tanto, para
obtener el registro de una marca registrada con anterioridad se requiere que:
a) La que pretenda registrarse sea idéntica; b) La solicitud sea planteada por
el mismo titular de la marca registrada; y, c) Sea para aplicarla a productos o
servicios similares. Por tanto, la excepción señalada debe aplicarse sólo a los
casos en que la solicitud sea elevada por el titular de la marca registrada y
no por persona distinta de éste, aun cuando ambos pertenezcan al mismo grupo
económico, pues de lo contrario, se permitiría que respecto de una misma marca
existan dos registros, lo cual obligaría al Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial a expedir dos títulos a personas diferentes sobre una misma marca,
en perjuicio de los consumidores. No es óbice a lo anterior el artículo 55 del
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que no es aplicable al
caso, pues si bien es cierto que indica cuándo se considerará que dos o más
personas son integrantes de un mismo grupo económico de interés común, también
lo es que se limita a definir lo referido en la fracción II del diverso 54 del
propio ordenamiento, que a su vez reglamenta el numeral 92, fracción II, de la
ley citada; preceptos que nada tienen que ver con la posibilidad de registrar
una nueva marca.
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 298/2015. Gruma, S.A.B.
de C.V. 14 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Flores
Suárez. Secretario: Eduardo Garibay Alarcón.
Nota: En relación con el alcance de la
presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 2a./J. 2/2011 (10a.), de
rubro: "MARCAS. SU REGISTRO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XVI, DE
LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.", publicada en el Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 4, diciembre de 2011,
página 2887.
Esta tesis se publicó el viernes 27 de
octubre de 2017 a las 10:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época:
Décima Época
Registro:
2015428
Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de
Tesis: Aislada
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 27 de octubre de 2017 10:37 h
Materia(s):
(Común)
Tesis:
XXI.1o.P.A.11 K (10a.)
DOCUMENTO
ELECTRÓNICO. SI CUENTA CON CADENA ORIGINAL, SELLO O FIRMA DIGITAL QUE GENERE
CONVICCIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD, SU EFICACIA PROBATORIA ES PLENA.
De conformidad con el artículo 210-A del
Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de
Amparo, la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos,
ópticos o en cualquier otra tecnología, constituye un medio de prueba que debe
valorarse conforme a las reglas específicas contenidas en el propio precepto y
no con base en las reglas generales aplicables a las copias simples de
documentos públicos o privados impresos. Así, para establecer la fuerza
probatoria de aquella información, conocida como documento electrónico, debe
atenderse a la fiabilidad del método en que se generó, comunicó, recibió o
archivó y, en su caso, si es posible atribuir su contenido a las personas
obligadas e, igualmente, si es accesible para su ulterior consulta. En
congruencia con ello, si el documento electrónico, por ejemplo, una factura,
cuenta con cadena original, sello o firma digital que genere convicción en
cuanto a su autenticidad, su eficacia probatoria es plena y, por ende, queda a
cargo de quien lo objete aportar las pruebas necesarias o agotar los medios
pertinentes para desvirtuarla.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS
PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 441/2016. Gonzalo
Lataban Hernández. 12 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo
Núñez Loyo. Secretario: Daniel Mejía García.
Esta tesis se publicó el viernes 27 de
octubre de 2017 a las 10:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época:
Décima Época
Registro:
2015423
Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de
Tesis: Aislada
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 27 de octubre de 2017 10:37 h
Materia(s):
(Común)
Tesis:
I.8o.A.122 A (10a.)
CONTABILIDAD
ELECTRÓNICA. LAS REGLAS 1.6., 2.8.1.3., 2.8.1.4., 2.8.1.5. Y 2.8.1.6. DE LA
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, AL OBLIGAR A LOS CONTRIBUYENTES DESDE
SU ENTRADA EN VIGOR, A INGRESAR Y PONER A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD
HACENDARIA SU INFORMACIÓN CONTABLE POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, PERIÓDICAMENTE Y
SIN REQUERIMIENTO PREVIO, SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA.
De conformidad con la clasificación de
las normas, realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las reglas
citadas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de
2014, son de naturaleza autoaplicativa, porque con su sola vigencia obligan a
los contribuyentes a llevar su contabilidad, registrar los ingresos y gastos
que la compongan en medios electrónicos (contabilidad electrónica) e ingresar,
periódicamente y sin requerimiento previo, esa información a través de la
página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, por lo que esas
circunstancias, por sí mismas, provocan una afectación inmediata en la esfera
jurídica del contribuyente, pues es innecesario un acto concreto de aplicación
para que se actualicen las hipótesis normativas de las disposiciones señaladas,
ya que, se reitera, desde su entrada en vigor, constriñen a un determinado
hacer, esto es, registrar y poner a disposición de la autoridad hacendaria la
información contable por medios electrónicos, de forma periódica y sin
requerimiento previo.
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 131/2016. Organización
del Norte, S.A. de C.V. 14 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente:
María Guadalupe Saucedo Zavala. Secretaria: Jessica Maldonado Lobo.
Esta tesis se publicó el viernes 27 de
octubre de 2017 a las 10:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época:
Décima Época
Registro:
2015412
Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de
Tesis: Jurisprudencia
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 27 de octubre de 2017 10:37 h
Materia(s):
(Administrativa)
Tesis:
XVI.1o.A. J/37 (10a.)
JUICIO
DE NULIDAD CONTRA UNA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS
DE IMPUGNACIÓN EN LOS QUE EL ACTOR DEMANDA PRESTACIONES DISTINTAS DE LAS QUE
SOLICITÓ ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, AL CONSTREÑIRSE LA LITIS A LO
TÁCITAMENTE NEGADO.
En virtud de la figura jurídica
denominada negativa ficta, el silencio de la autoridad ante una instancia o
petición formulada por el particular, durante el plazo que indique la ley,
genera la presunción de que aquélla resolvió negativamente. Así, el contenido
de esa resolución se limita a lo expresamente solicitado ante la autoridad y
que se entiende tácitamente negado. En estas condiciones, al impugnar dicha
determinación mediante el juicio de nulidad, el análisis de legalidad se
constriñe a las prestaciones originalmente pedidas. Por tanto, si el actor
demanda prestaciones distintas de las que solicitó ante la autoridad
administrativa, la Sala debe declarar inoperantes los conceptos de impugnación
correspondientes y no reconocer el derecho subjetivo respectivo, en su caso,
porque aquéllas no forman parte de la litis. Lo anterior no se opone al
principio de "litis abierta" que rige el procedimiento contencioso
administrativo, ya que, aun cuando puedan hacerse valer nuevos conceptos de
impugnación, la materia del juicio no debe modificarse.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Amparo directo 806/2016. Aurelio
Gutiérrez López. 4 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel
Estrada Jungo. Secretario: Alonso Lara Bravo.
Amparo directo 125/2017. Pablo Barbosa
Hernández. 1 de junio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva
Chávez. Secretario: Misael Esteban López Sandoval.
Amparo directo 176/2017. Alma Leticia
Originales Mejía. 8 de junio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor
Manuel Estrada Jungo. Secretaria: Marcela Camacho Mendieta.
Amparo directo 237/2017. Efraín Barbosa
Gámez. 22 de junio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada
Jungo. Secretaria: Marcela Camacho Mendieta.
Amparo directo 293/2017. 6 de julio de
2017. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Juan
Carlos Nava Garnica.
Esta tesis se publicó el viernes 27 de
octubre de 2017 a las 10:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación y,
por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de
octubre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo
General Plenario 19/2013.
Época:
Décima Época
Registro:
2015410
Instancia:
Plenos de Circuito
Tipo de
Tesis: Jurisprudencia
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 27 de octubre de 2017 10:37 h
Materia(s):
(Civil)
Tesis:
PC.I.C. J/52 C (10a.)
TÍTULOS
DE CRÉDITO. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA AL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
SOBRE EL MONTO DE LOS INTERESES MORATORIOS, POR EL SOLO HECHO DE QUE AQUÉLLOS
CONTENGAN LA EXPRESIÓN "MÁS LOS IMPUESTOS APLICABLES".
En atención a la naturaleza,
características y finalidad de los títulos de crédito, la expresión "más
los impuestos aplicables" contenida en éstos, no puede considerarse apta
para determinar que el suscriptor se obligó al pago del impuesto al valor
agregado sobre el monto de los intereses moratorios, porque el referido
enunciado es insuficiente para concretizar ese pacto, toda vez que la
obligación de pagar el impuesto referido sólo se genera en las hipótesis
reguladas en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de manera que para
determinar si el deudor que incurre en mora actualiza el pago de esta tributación,
sería necesario acudir a la relación contractual que dio origen al título de
crédito, o a la existente entre el deudor y el último tenedor, lo que implica
que ya no se resolvería con estricto apego al contenido del documento, en
contravención a su literalidad y a la naturaleza del juicio ejecutivo
mercantil, que no admite otros elementos para dar lugar a la ejecución; por
tanto, el pago de dicho impuesto solamente será procedente, cuando exista pacto
expreso.
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Contradicción de tesis 5/2017. Entre las
sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto,
Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero, Décimo Segundo,
Décimo Tercero y Décimo Cuarto, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 22
de agosto de 2017. Mayoría de nueve votos de los Magistrados Marco Antonio
Rodríguez Barajas, Alejandro Villagómez Gordillo, Leonel Castillo González,
Ismael Hernández Flores, Manuel Ernesto Saloma Vera, Víctor Hugo Díaz Arellano,
Irma Rodríguez Franco, Gonzalo Arredondo Jiménez y Benito Alva Zenteno.
Disidentes: Paula María García Villegas Sánchez Cordero, Walter Arellano
Hobelsberger, Daniel Horacio Escudero Contreras y Gonzalo Hernández Cervantes,
quienes formularon voto de minoría. Ausente: Abraham Sergio Marcos Valdés.
Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Secretario: Jorge Ricardo Sánchez Corona.
Criterios contendientes:
El sustentado por el Primer Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo
directo 338/2014, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 542/2016, el
sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer
Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 636/2014, el sustentado por
el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver
el juicio de amparo directo 662/2013, el sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo
713/2011, el sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 591/2016, el
sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer
Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 602/2013, el sustentado por
el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver
el juicio de amparo directo 58/2017, el sustentado por el Décimo Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo
directo 507/2016, el sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo
207/2012, el sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 626/2014, el
sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer
Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 552/2016, y el diverso
sustentado por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer
Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 156/2014.
Esta tesis se publicó el viernes 27 de
octubre de 2017 a las 10:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación y,
por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de
octubre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo
General Plenario 19/2013.
Época:
Décima Época
Registro:
2015388
Instancia:
Segunda Sala
Tipo de
Tesis: Aislada
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 27 de octubre de 2017 10:37 h
Materia(s):
(Administrativa)
Tesis:
2a. CXLVIII/2017 (10a.)
RENTA.
MOMENTOS A PARTIR DE LOS CUALES PUEDEN DEDUCIRSE LAS INVERSIONES DE ACUERDO CON
LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIGENTE HASTA 2013 Y A PARTIR DE 2014.
No debe confundirse la inversión de
bienes nuevos de activo fijo con el momento en que puede deducirse y,
consecuentemente, con los por cientos máximos aplicables para ello, toda vez
que los artículos 37 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31
de diciembre de 2013 y 31 del ordenamiento indicado en vigor a partir del 1 de
enero de 2014 son categóricos al respecto, al prever que las inversiones
únicamente pueden deducirse mediante la aplicación, en cada ejercicio, de los
por cientos máximos autorizados por esa ley, sobre el monto original de la
inversión, con las limitaciones que, en su caso, se establezcan; asimismo,
disponen que las inversiones empezarán a deducirse, a elección del
contribuyente a partir del ejercicio en que se inicie la utilización de los
bienes o desde el ejercicio siguiente; adicionalmente, el artículo 220 de la
Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta 2013, contiene una regulación
específica en cuanto al momento en que puede ejercerse la opción de deducción
inmediata de bienes nuevos de activo fijo, consistente en que, además del
ejercicio en que se inicie su utilización o en el siguiente ejercicio, también
puede deducirse en el que se haya efectuado la inversión. Así, se concluye que
las inversiones de bienes nuevos de activo fijo se realizan por los
contribuyentes en un determinado momento conforme a las reglas que pacten con
quien les enajena los bienes tangibles que utilizarán para la realización de
sus actividades; esto es, para efectos fiscales las inversiones se realizan en
un solo instante, pero el momento en el cual pueden deducirse se regula a
partir de cuándo se paguen. Ciertamente, al disponer el legislador que las
inversiones de bienes nuevos de activo fijo pueden deducirse en los momentos
señalados, puede colegirse que tomó en cuenta que si bien es cierto que dichas
inversiones se realizan en un solo momento conforme a las más diversas reglas
que se pueden pactar conforme al derecho privado y que se pueden liquidar o
pagar de manera total en ese mismo momento, también lo es que no dejó de
advertir que existen casos en que la inversión se realiza en un solo momento
pero su pago se realiza de manera parcial en distintos momentos. Por tal
motivo, en el caso de que se realice la inversión de bienes nuevos de activo
fijo en un ejercicio fiscal determinado pero su pago se verifique en el
ejercicio fiscal siguiente, si las reglas para deducir la inversión cambiaron
de un ejercicio fiscal a otro, es lógico concluir que la deducción de ese pago
debe sujetarse a las reglas previstas en el momento que se realizó.
SEGUNDA SALA
Amparo en revisión 28/2017. Parque
Industrial Mexicali, S.A. de C.V. 12 de julio de 2017. Unanimidad de cuatro
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José
Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez
Jiménez.
Esta tesis se publicó el viernes 27 de
octubre de 2017 a las 10:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época:
Décima Época
Registro:
2015379
Instancia:
Segunda Sala
Tipo de
Tesis: Jurisprudencia
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 27 de octubre de 2017 10:37 h
Materia(s):
(Común, Administrativa)
Tesis:
2a./J. 135/2017 (10a.)
RENTA.
CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN
XXX, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014,
ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN.
Es improcedente conceder la suspensión
contra los efectos y consecuencias de la aplicación del artículo 28, fracción
XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1 de enero de
2014, toda vez que al señalar expresamente que no serán deducibles los pagos
que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad
que resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos, de
concederse la suspensión para que se permita a los contribuyentes seguir
deduciendo esas prestaciones como lo venían haciendo antes de que entrara en
vigor dicha norma, se estaría constituyendo un derecho a su favor que no
tenían, lo cual sólo es propio de lo que se resuelva de fondo en el juicio de
amparo.
SEGUNDA SALA
Contradicción de tesis 390/2016. Entre
las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto del Tercer Circuito y
Cuarto del Segundo Circuito, ambos en Materia Administrativa, y Primero en
Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito. 2 de agosto de
2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek,
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina
Mora I. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Fabián Gutiérrez Sánchez.
Criterios contendientes:
El sustentado por el Primer Tribunal
Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, al
resolver el incidente de suspensión (revisión) 307/2015, el sustentado por el
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al
resolver el incidente de suspensión (revisión) 407/2015, y el diverso
sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Tercer Circuito, al resolver el incidente de suspensión (revisión) 548/2015.
Tesis de jurisprudencia 135/2017 (10a.).
Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del seis
de septiembre de dos mil diecisiete.
Esta tesis se publicó el viernes 27 de
octubre de 2017 a las 10:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación y,
por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de
octubre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo
General Plenario 19/2013.
Época:
Décima Época
Registro:
2015377
Instancia:
Segunda Sala
Tipo de
Tesis: Jurisprudencia
Fuente:
Semanario Judicial de la Federación
Publicación:
viernes 27 de octubre de 2017 10:37 h
Materia(s):
(Administrativa)
Tesis:
2a./J. 138/2017 (10a.)
MULTA
POR NO SUMINISTRAR DATOS, INFORMES Y DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 86,
FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL 85, FRACCIÓN I, AMBOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN. EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL PROMOVIDO EN SU
CONTRA, NO PUEDEN PROPONERSE CONCEPTOS DE NULIDAD TENDENTES A DEMOSTRAR LA
ILEGALIDAD DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA.
Conforme al artículo 86, fracción I, del
Código Fiscal de la Federación, la autoridad hacendaria puede imponer al
contribuyente, responsable solidario y a los terceros relacionados una multa
cuando incurran en la infracción descrita en el diverso 85, fracción I,
consistente en no suministrar los datos, informes, documentación, contabilidad
o parte de ella que sean requeridos durante el ejercicio de facultades de
comprobación, pues constituye una obligación formal a cargo de los
contribuyentes cuyo cumplimiento no tiene como objeto lograr el pago de una
contribución, sino vincularlos a desarrollar una determinada conducta diversa
al pago en sí mismo. Por tanto, en el juicio contencioso administrativo federal
promovido contra dicha sanción, únicamente pueden proponerse conceptos de
nulidad tendentes a demostrar vicios del acto de requerimiento y de la propia
resolución sancionatoria, pero no de la orden de visita que origina la facultad
de comprobación ejercida para verificar el cumplimiento de la obligación
tributaria de pago. Sostener lo contrario, sería tanto como obstaculizar el
ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad hacendaria por no
contar con los elementos suficientes para definir la situación fiscal de los
contribuyentes, máxime que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en la jurisprudencia P./J. 2/2012 (10a.) (*), sostuvo que la orden de
visita sólo es reclamable autónomamente mediante el juicio de amparo indirecto
en los casos expresamente previstos y, de no optar por ese medio de defensa, es
necesario esperar a la emisión de la resolución definitiva determinante de la
situación fiscal.
SEGUNDA SALA
Contradicción de tesis 222/2017. Entre
las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto del Tercer Circuito y
Séptimo del Primer Circuito, ambos en Materia Administrativa. 30 de agosto de
2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek,
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo
Medina Mora I. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretaria: Jazmín Bonilla
García.
Tesis y/o criterio contendientes:
Tesis I.7o.A.81 A (10a.), de rubro:
"MULTA IMPUESTA POR NO PROPORCIONAR INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS REQUERIDOS
POR LA AUTORIDAD HACENDARIA DURANTE UNA VISITA DOMICILIARIA. EN EL JUICIO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES INOPORTUNO
EXAMINAR LA VALIDEZ DE LA ORDEN QUE ORIGINÓ EL PROCEDIMIENTO DE
FISCALIZACIÓN.", aprobada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Tomo 2, febrero de 2013,
página 1388, y
El sustentado por el Cuarto Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo
directo 483/2016.
Tesis de jurisprudencia 138/2017 (10a.).
Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece
de septiembre de dos mil diecisiete.
Nota: (*) La tesis de jurisprudencia
P./J. 2/2012 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VII, Tomo 1, abril de 2012, página
61, con el rubro: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PUEDE SER IMPUGNADA EN
AMPARO CON MOTIVO DE SU DICTADO O, POSTERIORMENTE, EN VIRTUD DE QUE SUS EFECTOS
NO SE CONSUMAN IRREPARABLEMENTE AL PROLONGARSE DURANTE EL DESARROLLO DE LA
DILIGENCIA RESPECTIVA AL TRASCENDER A LA RESOLUCIÓN QUE DERIVE DEL PROCEDIMIENTO
DE FISCALIZACIÓN."
Esta tesis se publicó el viernes 27 de
octubre de 2017 a las 10:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación y,
por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de octubre
de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General
Plenario 19/2013.
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