Época: Décima Época
Registro: 2013586
Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario
Judicial de la Federación
Publicación: viernes 27
de enero de 2017 10:28 h
Materia(s): (Común)
Tesis: XVII.1o.P.A.6 A
(10a.)
REVISIONES
ELECTRÓNICAS. EL ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE REGULA
EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA.
El referido dispositivo, que regula el procedimiento que
debe seguir la autoridad fiscal cuando ejerce sus facultades de comprobación
vía electrónica, es de naturaleza heteroaplicativa, ya que su aplicación
depende, forzosamente, de la voluntad de aquélla de llevarlas a cabo de esa
forma, mediante la notificación de la resolución provisional -con la cual
inicia ese procedimiento de fiscalización-, que es la que ocasiona el perjuicio
en detrimento de los particulares; de ahí que cuando se reclama ese precepto
aisladamente y no como parte del sistema normativo del buzón tributario,
contabilidad y revisiones electrónicas, el quejoso debe hacerlo a partir del
primer acto de aplicación en su perjuicio.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y
ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Amparo en revisión 299/2016. 24 de octubre de 2016.
Unanimidad de votos. Ponente: José Raymundo Cornejo Olvera. Secretaria: Claudia
Alejandra Alvarado Medinilla.
Esta tesis se publicó el viernes 27 de enero de 2017 a las
10:28 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2013564
Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario
Judicial de la Federación
Publicación: viernes 27
de enero de 2017 10:28 h
Materia(s): (Común)
Tesis: IV.1o.A.55 A
(10a.)
CONTROL DE
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. EL TRIBUNAL COLEGIADO ESTÁ FACULTADO PARA ANALIZAR
LAS NORMAS QUE SIRVIERON DE BASE PARA RESOLVER UNA CONTROVERSIA Y SI ENCUENTRA
UNA QUE SE OPONGA A LA CONSTITUCIÓN O A LOS TRATADOS INTERNACIONALES, DEBE
ORDENAR QUE, PARA EL CASO EXAMINADO, SE EXPULSE DEL SISTEMA NORMATIVO.
De conformidad con los artículos 1o. y 103 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los órganos
jurisdiccionales se encuentran legalmente vinculados a ejercer, ex officio, el
control de convencionalidad, lo cual implica la obligación de velar no sólo por
los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal sino también en los
instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la
interpretación más favorable conforme al principio pro persona. En ese tenor,
si el Tribunal Colegiado de Circuito, al analizar la convencionalidad de las
normas que sirvieron de base para resolver una controversia en primera instancia,
advierte que el órgano responsable desatendió el mandato conferido en el
artículo 1o. de la Constitución Federal, pues aplicó uno o varios preceptos que
limitan la participación del órgano judicial, al impedir la emisión de la
resolución jurisdiccional, es claro que a fin de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y a fin de
alcanzar un acceso efectivo a la tutela judicial, como lo ordenan los artículos
25, punto 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 de la Carta
Fundamental, se debe conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal,
para el efecto de que las normas contrarias a dichos principios, se expulsen
del sistema normativo que, en relación con el quejoso o demandante, rige el
actuar de los tribunales, ya que éstos deben actuar conforme al espíritu
constitucional de garantizar los derechos humanos de todos los mexicanos y
estar integrados por hombres probos y aptos en su aplicación y cumplimiento.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
CUARTO CIRCUITO.
Amparo directo 448/2015. 4 de febrero de 2016. Mayoría de
votos. Disidente: Antonio Ceja Ochoa. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente.
Secretario: Carlos Toledano Saldaña.
Esta tesis se publicó
el viernes 27 de enero de 2017 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2013563
Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario
Judicial de la Federación
Publicación: viernes 27
de enero de 2017 10:28 h
Materia(s): (Común)
Tesis: IV.1o.A.53 A
(10a.)
CONTROL DE
CONVENCIONALIDAD. EL TRIBUNAL COLEGIADO EN SUPLENCIA DE QUEJA, PUEDE ORDENAR AL
ÓRGANO INFERIOR LA DESAPLICACIÓN DE LA NORMA QUE ESTIME INCONVENCIONAL.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación,en la tesis 2a./J. 69/2014 (10a.), de rubro: "CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. CONDICIONES PARA SU EJERCICIO OFICIOSO
POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES FEDERALES.", determinó que a raíz de la
reforma fiscal de diez de junio de dos mil diez al artículo 1o. de la
Constitución Federal, las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados
internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia, y que los tribunales federales, en los asuntos de su
competencia, deben realizar el estudio y análisis ex officio sobre la
constitucionalidad y convencionalidad de las normas aplicadas en el
procedimiento, o en la sentencia o laudo que ponga fin al juicio. Asimismo,
indicó que la obligación de favorecer a las personas se actualiza cuando el
órgano jurisdiccional advierta que una norma contraviene derechos humanos
contenidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte, aun cuando no haya sido impugnada, porque con
su ejercicio oficioso se garantiza la prevalencia de los derechos humanos
frente a las normas ordinarias que los contravengan. Así, con base en el marco
constitucional y jurisprudencial, si el Tribunal Colegiado advierte que el
órgano inferior no realizó un adecuado control de convencionalidad, conforme a
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad, y éste considera que la norma aplicada en el procedimiento de
origen es inconvencional, lo procedente es que con fundamento en el artículo
79, fracción VI, de la Ley de Amparo, en suplencia de queja, ordene al órgano
inferior su desaplicación, pues sólo así, se removerá todo obstáculo material y
normativo que entorpece el cumplimiento y evolución de los derechos humanos,
pues el objeto esencial de cualquier decisión judicial es precisamente, conocer
si se protegieron o respetaron adecuadamente.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
CUARTO CIRCUITO.
Amparo directo 448/2015. 4 de febrero de 2016. Mayoría de
votos. Disidente: Antonio Ceja Ochoa. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente.
Secretario: Carlos Toledano Saldaña.
Esta tesis se publicó el viernes 27 de enero de 2017 a las
10:28 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2013562
Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario
Judicial de la Federación
Publicación: viernes 27
de enero de 2017 10:28 h
Materia(s): (Laboral)
Tesis: (IV Región)2o.19
L (10a.)
CONFLICTOS INDIVIDUALES
DE SEGURIDAD SOCIAL. EL REQUERIMIENTO QUE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE FORMULE AL ACTOR RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DEBE REALIZARSE
EN EL PRIMER PROVEÍDO QUE RECAIGA AL JUICIO Y, EN CASO DE NO ACATARSE,
REITERARSE EN LA ETAPA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES.
Los artículos 685, 873, segundo párrafo y 878, fracción II,
de la Ley Federal del Trabajo, se refieren a la conducta que debe seguir la
Junta cuando el trabajador incurra en alguna deficiencia en su demanda, a
saber, que la subsane o, en su caso, mande prevenirlo para que en un término de
tres días la aclare y, de no hacerlo en ese lapso, tendrá una nueva oportunidad
al celebrarse la audiencia de ley, en su etapa de demanda y excepciones; ello
derivado de que la intención del legislador de no dejar una demanda incompleta,
vaga u oscura, se confirma porque en la mencionada fracción II del artículo
878, correspondiente al desarrollo de la etapa de demanda y excepciones,
insiste expresamente en el tópico, al señalar que: "si el actor es el
trabajador o sus beneficiarios y no cumple los requisitos omitidos o no subsana
las irregularidades que se le hayan indicado en el planteamiento de las
adiciones a la demanda, la Junta lo prevendrá para que lo haga en ese
momento." De forma que tratándose de los conflictos individuales de
seguridad social, en el caso de que el actor incumpla con los requisitos que se
establecen en el artículo 899-C de la citada ley, la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje debe requerirlo al momento de la recepción de la
demanda relativa, para que cumpla con los requisitos que ahí se señalan, sin
que la actitud contumaz en que incurra, genere que se tenga por incumplido
dicho requerimiento, puesto que al diligenciar el periodo de demanda y
excepciones de la audiencia de ley, la citada autoridad laboral puede requerir
de nueva cuenta al actor para que subsane la omisión, puesto que es en esta
etapa en la que debe ratificarse la promoción inicial; con independencia de que
con anterioridad se hubiere conminado al trabajador bajo esa misma directriz;
sin que deban estimarse inaplicables los aludidos numerales 873, párrafo
segundo y 878, fracción II, al tratarse de lineamientos que deben seguirse en
el procedimiento ordinario laboral cuando se recepciona la demanda inicial y se
lleva a cabo la audiencia de ley; pues con independencia de que los artículos
893, 895 y 896 dispongan la manera en que han de desahogarse los procedimientos
especiales que se establecen en el título catorce, capítulo XVIII, de la ley en
mención, entre los que figuran los atinentes a los conflictos individuales de
seguridad social, lo cierto es que de los preceptos últimamente mencionados no
se advierte limitante alguna en cuanto a que la Junta pueda prevenir o requerir
al promovente cuando notare alguna irregularidad u omisión en el cumplimiento
de requisitos en el escrito de demanda, de conformidad con las normas que se
observan en el juicio ordinario. Además, el artículo 899 establece la
posibilidad de que en los procedimientos especiales puedan aplicarse las normas
procesales que se contienen en los capítulos XII y XVII, siendo que este último
se refiere al procedimiento ordinario ante las Juntas de Conciliación y
Arbitraje; máxime si con la observancia de las normas que rigen el
procedimiento ordinario, en ese aspecto, se genera un mayor beneficio al
promovente del juicio, al otorgársele la oportunidad de subsanar las omisiones
en que hubiere incurrido por cuanto al tema, con el objeto de que, como en el
propio numeral 899-C se determina, debe aportarse toda la información necesaria
que garantice la sustanciación del procedimiento con apego al principio de
inmediatez.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR
DE LA CUARTA REGIÓN.
Amparo directo 1021/2016 (cuaderno auxiliar 643/2016) del
índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito,
con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la
Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Luis Alberto Gutiérrez
Carrillo. 6 de octubre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Córdova
del Valle. Secretario: Luis Felipe Rivera Vásquez.
Nota: El criterio contenido en esta tesis es objeto de la
denuncia relativa a la contradicción de tesis 410/2016, pendiente de resolverse
por la Segunda Sala.
Esta tesis se publicó el viernes 27 de enero de 2017 a las
10:28 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2013558
Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario
Judicial de la Federación
Publicación: viernes 27
de enero de 2017 10:28 h
Materia(s): (Laboral)
Tesis: (IV Región)2o.18
L (10a.)
COMISIONISTAS. EL
CÁLCULO DE LAS INDEMNIZACIONES O PAGO DE SALARIOS CAÍDOS, CUANDO ADEMÁS DE
TENER ESE CARÁCTER, PERCIBEN UNA CANTIDAD FIJA POR CONCEPTO DE SALARIO, DEBE
EFECTUARSE ACORDE CON EL ARTÍCULO 289 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SIN
PERJUICIO DE LA CUANTIFICACIÓN QUE DEL CITADO MONTO FIJO DEBA EFECTUARSE
CONFORME AL DIVERSO NUMERAL 89 DEL PROPIO ORDENAMIENTO.
En la tesis de jurisprudencia 2a./J. 50/2011, publicada en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII,
abril de 2011, página 418, de rubro: "COMISIONISTAS. EL SALARIO BASE PARA
CALCULAR LAS INDEMNIZACIONES CUANDO RESCINDEN JUSTIFICADAMENTE LA RELACIÓN
LABORAL, ES EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 289 DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO."; la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
estableció que la base salarial para fijar el pago indemnizatorio que les
corresponde a los comisionistas al haber rescindido justificadamente la
relación laboral, es la prevista en el artículo 289 de la Ley Federal del
Trabajo, que alude al promedio de las comisiones o primas del último año, o del
lapso laborado, por ser una regla específica y de excepción al numeral 89 del
indicado ordenamiento. Ahora bien, el criterio contenido en dicha tesis es
aplicable para aquellos casos de trabajadores que, además de obtener una
remuneración mensual fija por concepto de salario, gocen también de una
prestación inherente a las comisiones que perciban semanal, quincenal o
mensualmente, como resultado de su actividad comercial, de seguros, vendedores,
viajantes, propagandistas o impulsores de ventas y otros semejantes; en cuyo
caso, el monto de esas comisiones debe calcularse, ya sea para pagar una
indemnización por la cesación justificada de la relación laboral, o en el
supuesto del pago de prestaciones dejadas de percibir por despido
injustificado, con base en la hipótesis prevista en el artículo 289 de la
aludida ley, con independencia de que la autoridad laboral deba cuantificar,
además, los salarios integrados dejados de percibir como producto de su
trabajo, que se hubieren pagado en forma fija, con base en el artículo 89,
último párrafo citado, sin que la aplicación de ambos numerales sea
contradictoria al momento de realizar las cuantificaciones respectivas, puesto
que el últimamente mencionado serviría de base para calcular el salario fijo
percibido por el operario; mientras que las comisiones dejadas de percibir o
que constituyan una indemnización, deberán ser computadas atendiendo a la regla
especial referida.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR
DE LA CUARTA REGIÓN.
Amparo directo 925/2016 (cuaderno auxiliar 628/2016) del
índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito,
con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la
Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Beatriz Alejandra Téllez
Castillo. 27 de octubre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Córdova
del Valle. Secretario: Luis Felipe Rivera Vásquez.
Esta tesis se publicó el viernes 27 de enero de 2017 a las
10:28 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2013549
Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis:
Jurisprudencia
Fuente: Semanario
Judicial de la Federación
Publicación: viernes 27
de enero de 2017 10:28 h
Materia(s): (Común)
Tesis: VII.1o.A. J/5
(10a.)
RECURSO DE RECLAMACIÓN
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. AL NO PREVER EXPRESAMENTE COMO RECURRIBLE LA OMISIÓN DEL
MAGISTRADO INSTRUCTOR DE ACORDAR SOBRE EL OFRECIMIENTO DE UNA PRUEBA, EN CASO
DE RECLAMARSE ÉSTA COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO, NO PODRÁ
EXIGIRSE AL QUEJOSO QUE, PREVIO A SU PROMOCIÓN, HUBIERE AGOTADO EN SU CONTRA
ESE MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA, AL REQUERIRSE DE UNA INTERPRETACIÓN ADICIONAL
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE
AMPARO, PARA COLEGIR SI ESA HIPÓTESIS SE ADECUA O NO, ANALÓGICAMENTE, A UNA
ADMISIÓN O DESECHAMIENTO DE PRUEBA.
Del referido artículo 59 se advierte que el recurso de
reclamación que prevé procede contra resoluciones del Magistrado instructor
"que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la
contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba; las que decreten o
nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción; aquellas
que admitan o rechacen la intervención del tercero", entre las cuales no
se señala expresamente la determinación de ese juzgador que omite pronunciarse
sobre el ofrecimiento de una prueba, por lo que se requiere de una
"interpretación adicional" en términos del artículo 61, fracción XVIII,
último párrafo, de la Ley de Amparo, para colegir si esa hipótesis se adecua o
no, analógicamente, a una admisión o desechamiento de prueba, motivo por el
cual, en caso de reclamarse ese acto omiso como violación procesal en el juicio
de amparo directo, no podrá exigirse al quejoso que, previo a su promoción,
hubiere agotado en su contra el referido recurso de reclamación, conforme al
artículo 171 de la propia ley, precisamente porque la procedencia de ese medio
ordinario de defensa no es absolutamente clara, ni existe jurisprudencia
obligatoria que la defina, publicada previamente al agotamiento del plazo legal
establecido para su interposición.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
SÉPTIMO CIRCUITO.
Amparo directo 99/2016. Grupo Maquilador de Xalapa, S.A. de
C.V. 9 de junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria:
Carla González Dehesa.
Amparo directo 65/2016. Instalación y Puesta en Servicio de
Sistemas Electromecánicos, S.A. de C.V. 23 de junio de 2016. Unanimidad de
votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Teresa Paredes García.
Amparo directo 325/2016. Manuel Esteban Bauza Mendoza. 20
de octubre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García.
Secretaria: Ayeisa María Aguirre Contreras.
Amparo directo 334/2016. Servicio Mapachapa, S.A. de C.V.
27 de octubre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta
García. Secretario: Vicente Jasso Zavala.
Amparo directo 566/2015. 25 de noviembre de 2016.
Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Carla González
Dehesa.
Esta tesis se publicó el viernes 27 de enero de 2017 a las
10:28 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera
de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de enero de 2017, para los
efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2013540
Instancia: Plenos de
Circuito
Tipo de Tesis:
Jurisprudencia
Fuente: Semanario
Judicial de la Federación
Publicación: viernes 27
de enero de 2017 10:28 h
Materia(s):
(Constitucional)
Tesis: PC.III.A. J/24 A
(10a.)
PREDIAL. EL ARTÍCULO
41, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN,
JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, AL ESTABLECER TASAS DIFERENCIADAS PARA
PAGAR DICHO IMPUESTO, CUANDO SE TRATE DE PREDIOS URBANOS CON O SIN EDIFICACIÓN,
TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, AL NO ACREDITARSE UN FIN
EXTRAFISCAL.
El precepto mencionado, al establecer que el impuesto predial
se causará y pagará acorde con lo que resulte de aplicar la tasa del 0.23 sobre
el valor real de los predios urbanos edificados, y del 0.81 sobre el valor real
de los no edificados, viola el principio de equidad tributaria previsto en el
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, pues no obstante que los contribuyentes tienen iguales
características objetivas (ser propietarios o poseedores de predios urbanos y
las construcciones ubicadas en ellos) y realizan idéntico hecho generador del
gravamen (propiedad o tenencia de un predio urbano y las construcciones
adheridas a éste), lo que hace que constituyan una misma categoría, el
legislador local les otorga un trato desigual por el solo hecho de que el
predio esté o no edificado. Lo anterior es así, porque aun cuando el fundamento
legal de los fines extrafiscales se encuentra en el artículo 25 de la
Constitución Federal, como un instrumento eficaz de la política financiera,
económica y social que el Estado tenga interés en impulsar, orientar o
desincentivar ciertas actividades o usos sociales, si se consideran útiles o no
para el desarrollo armónico de la población; empero, no obstante que el
legislador, en la exposición de motivos de la iniciativa de la citada legislación,
sustentó la diferencia en el cobro de las tasas del impuesto predial entre
predios edificados y no edificados, con base en un fin extrafiscal, para
regular la conducta o actividad de los propietarios o poseedores, esa
distinción no se encuentra objetiva y razonablemente justificada para
atribuirle la característica de fin extrafiscal.
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Contradicción de tesis 3/2016. Entre las sustentadas por
los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Administrativa
del Tercer Circuito. 17 de octubre de 2016. Unanimidad de cinco votos de los
Magistrados Rogelio Camarena Cortés, Filemón Haro Solís, José Manuel Mojica
Hernández, Roberto Charcas León y Jorge Humberto Benítez Pimienta. Ponente: Filemón
Haro Solís. Secretaria: Erika Estaraneta Molina.
Criterios contendientes:
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 406/2015,
y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 526/2015.
Esta tesis se publicó el viernes 27 de enero de 2017 a las
10:28 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera
de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de enero de 2017, para los
efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2013537
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis:
Jurisprudencia
Fuente: Semanario
Judicial de la Federación
Publicación: viernes 27
de enero de 2017 10:28 h
Materia(s):
(Constitucional)
Tesis: 2a./J. 5/2017
(10a.)
SEGURO SOCIAL. EL
ARTÍCULO 182 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, QUE
PREVÉ UN PERIODO DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS EN MATERIA DE PENSIONES, NO VIOLA
EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL.
La aludida disposición legal forma parte de un plan de
seguridad social que constituye un sistema contributivo organizado sobre la
base de aportaciones con el fin de constituir un fondo para atender las
pensiones; en ella se contiene la conservación de derechos como una
prerrogativa de los asegurados que dejen de pertenecer al régimen del seguro
obligatorio, pues extiende el beneficio para ejercer los derechos adquiridos en
los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte por un
periodo igual a la cuarta parte del tiempo cotizado, el cual no puede ser menor
de 12 meses. En virtud de esa norma legal, la baja del asegurado no implica
que, desde ese momento, deje de gozar del derecho a obtener una pensión en los
ramos mencionados, sino que el derecho que hubiese adquirido en el tiempo de aseguramiento
y que no haya ejercido a la fecha de la baja, se extiende por el periodo
señalado en la ley. Así, el periodo de conservación de derechos, lejos de
constituir una restricción, representa una prerrogativa para el asegurado o
para sus beneficiarios al ampliar su derecho a recibir una pensión con
posterioridad a que causó baja. Por otra parte, el derecho humano a la
seguridad social no exige que la expectativa a obtener una pensión se adquiera
y conserve de manera indefinida. Consecuentemente, dicho precepto no transgrede
el referido derecho humano, ya que se emitió dentro del margen de configuración
del que goza el legislador con la finalidad de garantizar la suficiencia de
recursos para el pleno goce de ese derecho por todos los beneficiarios. De ahí
que si la contingencia ocurre con posterioridad al fenecimiento de ese periodo
de conservación de derechos, no existe razón para otorgar un beneficio al que
ya no se tiene derecho en perjuicio de la sostenibilidad del sistema del seguro
social.
SEGUNDA SALA
Amparo directo en revisión 965/2014. María Rosaura Ramírez
Ramírez. 28 de mayo de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto
Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos
y Luis María Aguilar Morales. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente:
José Fernando Franco González Salas. Secretario: Héctor Orduña Sosa.
Amparo directo en revisión 5083/2014. Juan de Dios Padilla
Lomelí. 25 de marzo de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora
I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz
Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco González Salas.
Secretaria: Jocelyn Montserrat Mendizábal Ferreyro.
Amparo en revisión 253/2015. Luis Emilio César Abogado. 3
de junio de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Juan N. Silva
Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y
Alberto Pérez Dayán; reservó criterio José Fernando Franco González Salas en
relación con la afirmación de que la renuncia de derechos prevista en el
artículo 123, apartado A, fracción XXVII, inciso h), de la Constitución Federal
no se refiere al derecho de seguridad social, sino a los que corresponden por
la relación contractual. Ausente: Eduardo Medina Mora I. Ponente: Margarita
Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Teresa Sánchez Medellín.
Amparo en revisión 555/2015. José Agapito Quinteros
Coronel. 19 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora
I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz
Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con reservas Eduardo Medina Mora I.;
José Fernando Franco González Salas y Juan N. Silva Meza manifestaron que
formularían voto concurrente en relación con la naturaleza de autoridad
responsable del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ponente: José Fernando
Franco González Salas. Secretario: Héctor Orduña Sosa.
Amparo directo en revisión 2014/2016. J. Pedro Aranda
Moncibaiz. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina
Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita
Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Eduardo Medina Mora I.
Secretario: Diana Cristina Rangel León.
Tesis de jurisprudencia 5/2017 (10a.). Aprobada por la
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciocho de enero de
dos mil diecisiete.
Esta tesis se publicó el viernes 27 de enero de 2017 a las
10:28 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera
de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de enero de 2017, para los
efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
