Época: Décima Época
Registro: 2014912
Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario
Judicial de la Federación
Publicación: viernes 11
de agosto de 2017 10:19 h
Materia(s):
(Administrativa)
Tesis: I.16o.A.25 A (10a.)
RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA SE DEROGÓ TÁCITAMENTE POR LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 18, 19, 23, 24
Y 25 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL 12 DE JUNIO DE 2009.
El proceso legislativo que originó la citada reforma, se
produjo por la necesidad de suprimir el procedimiento hasta entonces previsto,
conforme al cual, la reclamación de indemnización por responsabilidad
patrimonial del Estado debía interponerse en sede administrativa ante el
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para establecer otro en
el que el particular presentara primero su reclamación ante la autoridad
presuntamente responsable y, en su caso, recurrir la resolución dictada por la
propia autoridad vía recurso de revisión ante ésta, o acudir al juicio
contencioso administrativo; ello, al considerar la redacción de la fracción
VIII del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa abrogada (pendiente de publicarse a la fecha de presentación
de la iniciativa de la reforma aludida), que establecía la facultad de éste de
conocer de los juicios promovidos contra las resoluciones definitivas que
negaran, no satisficieran o impusieran la obligación de resarcir daños y
perjuicios con motivo de la reclamación verificada en términos de la Ley
Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o las leyes administrativas
federales que contuvieran al respecto un enfoque especial de esa
responsabilidad, a fin de evitar el doble papel que resultaba a dicho órgano de
conocer, primero en sede administrativa y después como autoridad
jurisdiccional, del mismo asunto, para garantizar al particular poder hacer
valer sus derechos en dos instancias independientes, respetando así en su favor
el principio de igualdad en el proceso. En ese contexto, la aludida reforma
derogó tácitamente el artículo 34 de la Ley del Servicio de Administración
Tributaria, que dispone que el cumplimiento de la responsabilidad de ese
organismo será exigible ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, pues no considerarlo así implicaría reconocer la subsistencia
legal de un precepto que contraviene el sistema de reclamación de la
responsabilidad patrimonial del Estado instaurado con motivo de dicha reforma y
contrariar el principio de legalidad, al considerar que, pese a su reclamo, el
gobernado debe agotar un procedimiento que fue intención del legislador
derogar, para dar congruencia al régimen normativo aludido.
DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 116/2016. Administrador de Operaciones
Especiales de Comercio Exterior "1" de la Administración Central de
Operaciones Especiales de Comercio Exterior de la Administración General de
Auditoría de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria. 24 de
marzo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: María Guadalupe Molina
Covarrubias. Secretaria: Elsa Fernández Martínez.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de agosto de 2017 a las
10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2014907
Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario
Judicial de la Federación
Publicación: viernes 11
de agosto de 2017 10:19 h
Materia(s):
(Administrativa)
Tesis: I.16o.A.23 A
(10a.)
PRUEBAS EN EL JUICIO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. EL REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD DEMANDADA
PARA QUE EXHIBA LAS QUE NO ADJUNTÓ A SU CONTESTACIÓN, NO PUEDE LLEGAR AL
EXTREMO DE SOLICITARLE EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS DEFICIENTEMENTE OFRECIDAS.
Si bien es cierto que a la autoridad demandada le resultan
aplicables los artículos 15, penúltimo párrafo, 20, fracciones IV y VI, 21,
antepenúltimo párrafo, 40, 41 y 42 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, en el sentido de que cuando no haya adjuntado a su
contestación de demanda los documentos a que se refiere el precepto 15 citado,
el Magistrado instructor debe requerirla para que los exhiba dentro del plazo
de cinco días, también lo es que dicha obligación no puede llegar al extremo de
que le pida perfeccionar las pruebas deficientemente ofrecidas, toda vez que
corresponde a las partes la carga de la prueba, a fin de demostrar los hechos
constitutivos de su acción o excepción, es decir, no puede solicitarles que
presenten correcta y/o completamente aquellas probanzas que por error u omisión
no adjuntaron o lo hicieron de manera incompleta, ya que el requerimiento sólo
procede para el caso de que éstas no se hubieran exhibido en su totalidad.
DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo) 274/2016. Titular de la Subdelegación 10 Churubusco
de la Delegación Sur del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México) del
Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto del titular de la Jefatura
de Servicios Jurídicos de dichos delegación e instituto. 12 de enero de 2017. Unanimidad
de votos. Ponente: María Guadalupe Molina Covarrubias. Secretaria: Gaby
Yamilett Muñoz Herrera.
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo) 369/2016. Titular de la Subdelegación Culiacán de
la Delegación Estatal de Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social. 26
de enero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: María Guadalupe Molina
Covarrubias. Secretaria: María Teresita Tovar Vázquez.
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo) 318/2016. Titular de la Subdelegación 10 Churubusco
de la Delegación Sur del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México) del
Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto del titular de la Jefatura
de Servicios Jurídicos de dicho instituto. 9 de marzo de 2017. Unanimidad de
votos. Ponente: María Guadalupe Molina Covarrubias. Secretaria: Elsa Fernández
Martínez.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de agosto de 2017 a las
10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2014899
Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario
Judicial de la Federación
Publicación: viernes 11
de agosto de 2017 10:19 h
Materia(s):
(Administrativa)
Tesis: I.20o.A.11 A
(10a.)
JUICIOS EN LÍNEA. LA
FECHA Y HORA ASENTADAS EN LOS ACUSES DE RECIBO ELECTRÓNICO GENERADOS POR EL
SISTEMA DE JUSTICIA EN LÍNEA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA,
CORRESPONDEN AL HUSO HORARIO DEL LUGAR EN QUE TENGA SU SEDE LA SALA
ESPECIALIZADA DE DESTINO RELATIVA.
Conforme al artículo 34 del Acuerdo E/JGA/16/2011, que
establece los lineamientos técnicos y formales para la sustanciación del juicio
en línea, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2011,
la fecha y hora asentadas en los acuses de recibo electrónicos generados con
motivo de la presentación de promociones a través del Sistema de Justicia en
Línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, corresponden al huso
horario que rija en el lugar en que tenga su sede la Sala de destino, pues si
bien es cierto que en una parte de dicho precepto se reconoce que el sistema
funcionará conforme a los husos horarios que integran la hora oficial mexicana,
también lo es que aclara que esos datos corresponderán al domicilio del órgano
de destino. Con lo anterior, se otorga certeza del momento exacto de
presentación de un documento en esa vía, pues el hecho de que la fecha y hora
que se asienten en el acuse correspondan, invariablemente, al horario que rija
en el lugar de residencia de la Sala Especializada en Juicios en Línea, genera
un dato objetivo y preciso del instante de su recepción, ya que sin importar si
es enviado desde una región del país, o incluso fuera de éste, con un horario
diverso al de ese órgano jurisdiccional, siempre podrá conocerse el momento
puntual de su integración al sistema, a partir del cual, de ser necesario, se
podrá efectuar un ejercicio de conversión que permita conocer el tiempo exacto
en que se presentó un documento de acuerdo con la hora local correspondiente.
VIGÉSIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 35/2016. Rosario Haydeé Sanmiguel Montoya.
14 de julio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón Montaño.
Secretario: Eduardo Hawley Suárez.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de agosto de 2017 a las
10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2014898
Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario
Judicial de la Federación
Publicación: viernes 11
de agosto de 2017 10:19 h
Materia(s):
(Administrativa)
Tesis: I.20o.A.10 A
(10a.)
JUICIOS EN LÍNEA.
CUANDO SE IMPUGNEN ACTOS EMITIDOS Y NOTIFICADOS EN UNA REGIÓN CON HUSO HORARIO
DIVERSO AL DEL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA SALA ESPECIALIZADA RELATIVA, DEBE
EFECTUARSE LA CONVERSIÓN NECESARIA, A EFECTO DE GARANTIZAR QUE SE RESPETEN
ÍNTEGRAMENTE LAS VEINTICUATRO HORAS DEL DÍA DEL TÉRMINO DEL PLAZO PARA
PRESENTAR LA DEMANDA.
De una interpretación conjunta de los artículos 1-A y 58-O
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con
el diverso 34 del Acuerdo E/JGA/16/2011, que establece los lineamientos
técnicos y formales para la sustanciación del juicio en línea, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2011, se colige que son hábiles
las veinticuatro horas de los días en que se encuentren abiertas al público las
oficinas de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que las
promociones remitidas a través del Sistema de Justicia en Línea se considerarán
presentadas el día y hora que consten en el acuse de recibo electrónico; datos
que corresponderán al horario del domicilio del órgano de destino, en este
caso, de la Sala Especializada en Juicios en Línea, con sede en la Ciudad de
México y competencia en todo el territorio nacional, que es la única que existe
actualmente en esa materia. Por su parte, el diverso 3 de la Ley del Sistema de
Horario en los Estados Unidos Mexicanos establece que en el país operan cuatro
zonas horarias diversas (centro, pacífico, noroeste y sureste), lo que ocasiona
que se genere una diferencia de una o dos horas entre el lugar de residencia de
la Sala mencionada y las regiones del país a las que aplica un huso horario
diverso. Por tanto, si el acto que se pretenda impugnar en la vía electrónica
se emitió y notificó en una localidad que se rige por un horario distinto al
del centro del país, la oportunidad de la demanda respectiva deberá analizarse
tomando en cuenta la hora del territorio en que se practicó la notificación de
la resolución, pues el periodo para su impugnación comenzará a transcurrir al
primer minuto del día posterior a aquel en que surtió efecto la notificación, y
culminará en el último del día del término, lapso que se configura de acuerdo a
la hora local y no a la del lugar de residencia de la Sala. De ahí que para el
examen respectivo sea intrascendente conocer el sitio geográfico desde el que
se envió la promoción, pues el sistema electrónico, invariablemente, asentará
en el acuse el momento exacto de su presentación, expresado en el horario de la
Sala de destino, lo que permitirá efectuar la conversión necesaria, a efecto de
conocer con precisión en qué momento se cumplen las veinticuatro horas del
plazo, las cuales es indispensable respetar en su integridad, a efecto de no
limitar el derecho de acceso a la impartición de la justicia de los gobernados
que opten por esa vía.
VIGÉSIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 35/2016. Rosario Haydeé Sanmiguel Montoya.
14 de julio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón Montaño.
Secretario: Eduardo Hawley Suárez.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de agosto de 2017 a las
10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2014893
Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario
Judicial de la Federación
Publicación: viernes 11
de agosto de 2017 10:19 h
Materia(s): (Común)
Tesis: I.10o.A.43 A
(10a.)
DICTAMEN DE
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES Y SU ENVÍO A LA AUTORIDAD HACENDARIA.
EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS QUE LOS PREVÉN,
PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
-ACTUALMENTE CIUDAD DE MÉXICO- VIGENTE EN 2014).
Los artículos 58, primer párrafo, fracciones II y III, 61 y
64 del Código Fiscal del Distrito Federal vigente en 2014, y las reglas
primera, quinta y sexta de las Reglas de carácter general para el dictamen de
cumplimiento de las obligaciones fiscales establecidas en el citado
ordenamiento, publicadas en la Gaceta Oficial de la entidad el 14 de enero de
2015, prevén el deber tanto de dictaminar el cumplimiento de las obligaciones
fiscales, a cargo de las personas físicas y morales que, en el año calendario
anterior a aquel que se dictamina, hayan contado con inmuebles de uso diferente
al habitacional, o mixto, cuyo valor catastral por cada uno o en su conjunto,
en cualquiera de los bimestres del año, sea superior a $25'955,000.00, como de
enviar la documentación correspondiente por el Sistema de presentación de
dictámenes vía Internet, a través de la página electrónica de la Secretaría de
Finanzas de la actual Ciudad de México. Por tanto, contra la aplicación de los
preceptos citados procede conceder la suspensión, al no generarse efectos
constitutivos de derechos, ni contravenirse disposiciones de orden público o
afectarse el interés social, ya que sólo se posterga el cumplimiento de las
obligaciones formales impuestas a los contribuyentes, para evitar que soporten
los efectos de aquéllos, sin que ello implique permitir que evadan sus cargas
fiscales, pues no se impide a la autoridad hacendaria ejercer sus facultades de
comprobación; habida cuenta que ésta puede solicitar la información contable
para verificar que se acataron las normas tributarias, por medio de los
procedimientos de fiscalización, ya que, en caso contrario, se dejaría sin
materia el juicio de amparo.
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.
Queja 176/2017. Catalina Mejía Flores, su sucesión. 14 de
junio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Fernando Hernández Bautista.
Secretaria: Desireé Degollado Prado.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de agosto de 2017 a las
10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2014875
Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis:
Jurisprudencia
Fuente: Semanario
Judicial de la Federación
Publicación: viernes 11
de agosto de 2017 10:19 h
Materia(s): (Común)
Tesis: XVI.1o.A. J/36
(10a.)
AMPARO CONTRA LEYES.
PROCEDE EL REQUERIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA CUANDO EN EL INFORME
JUSTIFICADO SE PRECISA LA NORMA REALMENTE APLICADA AL QUEJOSO EN EL CÁLCULO DEL
IMPUESTO PREDIAL, DIVERSA A LA SEÑALADA EN EL ESCRITO INICIAL.
De acuerdo con el artículo 108, fracción IV, de la Ley de
Amparo, el quejoso está obligado a expresar, desde la formulación de la
demanda, la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; sin
embargo, en la práctica puede ocurrir que el particular tenga conocimiento del
fundamento real del acto reclamado durante la tramitación del juicio,
específicamente, hasta la recepción de los informes justificados. En este
supuesto, el numeral 111, fracción II, de la Ley de Amparo le reconoce el
derecho de ampliar el escrito inicial y, en su caso, impugnar la norma
aplicada. Tratándose de impuestos, lo ordinario es que los preceptos aplicados
sean los vigentes en el ejercicio fiscal correspondiente al de su pago; no
obstante, la mecánica del impuesto predial, contenida en los numerales 162,
164, 168, 172 y 176 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de
Guanajuato, toma como base gravable el valor fiscal de los inmuebles, el cual se
determina a partir de la manifestación del contribuyente o del avalúo
practicado por peritos autorizados por la tesorería municipal; en ambos casos
deben aplicarse los valores unitarios de terreno y construcciones que
anualmente se fijan en las leyes de ingresos municipales; empero, el valor
fiscal no se fija o modifica con la misma periodicidad anual y, por
consiguiente, la base y su forma de liquidación no siempre corresponde a las
tablas de valores unitarios publicadas en el ejercicio fiscal al que pertenece
el pago de la contribución, pues las leyes de ingresos municipales prevén las
diversas tasas aplicables en ese ejercicio, en función del año en el que se
haya determinado o modificado el valor fiscal del inmueble, lo que significa
que el tributo no siempre se liquida conforme al valor fijado en el ejercicio
en el que se paga, sino también en años anteriores. De tal suerte que la ley
aplicada para fijar la base del tributo puede ser la correspondiente a
ejercicios anteriores y las que regulan el tributo sean las vigentes en una
anualidad distinta. Por ese motivo, cuando de autos se observe que el precepto
aplicado es uno diferente al que reclama el quejoso, el juzgador debe
requerirlo, en respeto a la jurisprudencia 2a./J. 112/2003 de la Segunda Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que aclare o amplíe la demanda
de amparo.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 148/2016. Congreso del Estado de
Guanajuato. 8 de septiembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor
Manuel Estrada Jungo. Secretario: Nelson Jacobo Mireles Hernández.
Amparo en revisión 171/2016. Luz Andrea Gómez Gómez. 13 de
octubre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez.
Secretario: Ramón Lozano Bernal.
Amparo en revisión 209/2016. Eva Gómez Ontiveros. 17 de
noviembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario:
Ramón Lozano Bernal.
Amparo en revisión 274/2016. María Guadalupe Gutiérrez
González. 2 de febrero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto
Rojas Caballero. Secretario: Javier Cruz Vázquez.
Amparo en revisión 273/2016. 16 de febrero de 2017.
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Edgar
Martín Gasca de la Peña.
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 112/2003 citada,
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 93, con el rubro: "INFORME
JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO
SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE
PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU
DEMANDA."
Esta tesis se publicó el viernes 11 de agosto de 2017 a las
10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera
de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de agosto de 2017, para los
efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2014872
Instancia: Plenos de
Circuito
Tipo de Tesis:
Jurisprudencia
Fuente: Semanario
Judicial de la Federación
Publicación: viernes 11
de agosto de 2017 10:19 h
Materia(s): (Común)
Tesis: PC.XI. J/5 A
(10a.)
PEQUEÑOS
CONTRIBUYENTES. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE SE HACE
VALER LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACUERDOS QUE APRUEBAN LAS CUOTAS FIJAS
BIMESTRALES DE LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2009 A 2013, APLICABLES A LAS
PERSONAS FÍSICAS INSCRITAS EN EL RÉGIMEN RELATIVO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, AL
SER ÉSTE OPTATIVO.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en la jurisprudencia 1a./J. 132/2007, sostuvo que las disposiciones que
establecen opciones en favor de los contribuyentes deben someterse a un escrutinio
constitucional, a fin de dilucidar si las razones que dieron lugar al
otorgamiento de la opción y su contenido traen consigo la inoperancia de los
argumentos enderezados en su contra, el cual debe realizarse conforme a cuatro
pasos, para lo que debe: 1) verificarse que las disposiciones en estudio
efectivamente regulen un régimen, esquema, sistema o cualquier otro mecanismo,
distinto al establecido para la generalidad de los casos; 2) comprobarse si el
esquema o régimen en análisis efectivamente es optativo para el contribuyente;
3) verificarse si el régimen o esquema de que se trate, tiene un efecto que
constituya un beneficio en términos "nominales" frente a la regla
general; y, 4) analizarse si la medida de que se trate es exigida por los
principios constitucionales de la materia tributaria contenidos en el artículo
31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
y, que en caso de que no se trate de una medida demandada por los principios
tributarios, sino que el esquema se genera en atención a razones extrafiscales
o a alguna finalidad o intención del legislador de naturaleza diversa, entonces
los argumentos enderezados por los particulares contra el esquema alternativo
que eligieron son inoperantes. Ahora, los acuerdos que aprueban las cuotas
fijas bimestrales de los ejercicios fiscales de 2009 a 2013, aplicables a las
personas físicas inscritas en régimen de pequeños contribuyentes en el Estado
de Michoacán cumplen con los pasos del escrutinio indicado, en razón de que: a)
el régimen de pequeños contribuyentes es distinto del general de actividades
empresariales, así como del intermedio; éste y el de pequeños contribuyentes
son de carácter optativo, toda vez que si el contribuyente se ubica en los
supuestos previstos por la ley para ello, podrá elegir entre tributar conforme
al primero de tales regímenes o en aquel respecto del que se ubiquen; b) el
régimen de pequeños contribuyentes es optativo, porque es la voluntad del
contribuyente conforme a la que éste ingresa a ese régimen, sin que se
encuentre obligado a ello, al tener otra alternativa para cumplir con sus
obligaciones fiscales, es decir, el régimen general de actividades
empresariales; c) el régimen de pequeños contribuyentes genera beneficios a
quienes tributan conforme a éste, toda vez que pagan los impuestos mediante una
estimativa de valor realizada por las autoridades fiscales, en lugar de estar
obligados a rendir declaraciones de forma mensual y anual -como sucede en el
régimen general-, y sólo vincula a presentar declaraciones bimestrales con
carácter definitivo y una información anual, aunado a que en el régimen
alternativo no se tiene la obligación de llevar contabilidad, sino sólo un
registro de ingresos, lo que redunda en su beneficio; y, d) la medida de que se
trata no es exigida por los principios constitucionales de la materia
tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, constitucional, toda vez
que de su implementación se advierte que el legislador buscó auxiliar a los
contribuyentes con escasa capacidad económica y administrativa, que derivado de
su situación particular, eventualmente pudieran enfrentar dicha problemática
financiera. En consecuencia, son inoperantes los conceptos de violación en los
que se impugnan los acuerdos aludidos, en razón de que, al realizar el
escrutinio exigido por el Alto Tribunal, se concluyó que el régimen de pequeños
contribuyentes es distinto del régimen general de actividades empresariales
-conforme al que tributa la generalidad de los contribuyentes-, ya que el
primero es optativo, pues le produce un beneficio, y no es una medida exigida
por los principios constitucionales de la materia tributaria. Razonamiento que
también encuentra justificación en el hecho de que la impugnación de esos
acuerdos por el contribuyente que, conforme a la autonomía de su voluntad,
decidió pertenecer al régimen de pequeños contribuyentes, va contra la teoría
de los actos propios, que limita el derecho subjetivo como facultad de crear
una relación jurídica, al impedir que una persona afirme o niegue la existencia
de un hecho determinado, en virtud de haber ejecutado antes un acto, hecho una
afirmación o formulado una negativa en el sentido precisamente opuesto,
pretendiendo con ello, obtener un beneficio y no cumplir con el deber contraído.
PLENO DEL DECIMOPRIMER CIRCUITO.
Contradicción de tesis 1/2017. Entre las sustentadas por el
Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo
Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar
de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. 30 de mayo de 2017.
Unanimidad de cinco votos de los Magistrados José Ma. Alvaro Navarro, Juan
García Orozco, Mario Óscar Lugo Ramírez, Gilberto Romero Guzmán y Jaime Uriel
Torres Hernández. Ponente: Jaime Uriel Torres Hernández. Secretaria: Sonia
Suárez Ríos.
Criterios contendientes:
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias
Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo
directo 438/2016, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de
Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán,
Sinaloa, al resolver el amparo directo 554/2016 (expediente auxiliar 638/2016).
Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 132/2007 citada,
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 296, con el rubro: "REGÍMENES
OPTATIVOS. SUPUESTOS EN LOS CUALES NO SE ACTUALIZA LA INOPERANCIA DE LOS
ARGUMENTOS Y PUEDE ANALIZARSE SU CONSTITUCIONALIDAD."
Esta tesis se publicó el viernes 11 de agosto de 2017 a las
10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera
de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de agosto de 2017, para los
efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2014871
Instancia: Plenos de
Circuito
Tipo de Tesis:
Jurisprudencia
Fuente: Semanario
Judicial de la Federación
Publicación: viernes 11
de agosto de 2017 10:19 h
Materia(s):
(Administrativa)
Tesis: PC.II.A. J/11 A
(10a.)
NOTIFICACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN DETERMINANTE DE CONTRIBUCIONES OMITIDAS. EL PLAZO DE 6 MESES
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA
AUTORIDAD FISCAL TIENE PARA REALIZARLA, NO INCLUYE EL MOMENTO EN QUE AQUÉLLA
SURTE EFECTOS.
De la interpretación literal, ontológica y teleológica del
precepto indicado, se obtiene que en el plazo máximo de 6 meses para que la
autoridad fiscal emita la resolución determinante de contribuciones omitidas y
practique la notificación respectiva, no debe incluirse el momento en que ésta
surte efectos, ya que esta institución jurídica es la que da inicio al derecho
de todo gobernado a defenderse y no debe confundirse ni incluirse en el plazo
citado, pues la obligación de la autoridad hacendaria se agota cuando ésta
emite la resolución determinante de contribuciones omitidas al realizar una
visita domiciliaria o una revisión de gabinete y la notifica, lo cual concuerda
con la interpretación auténtica realizada por el legislador en el artículo 12,
cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, al tenor del cual los
plazos en meses habrán de computarse por meses calendario, salvo que el caso
concreto se ajuste a alguno de los supuestos de excepción que dicho precepto
señala, como por ejemplo, que no exista ese día calendario en el mes
correspondiente -29, 30 o 31-, caso en el que el último día corresponderá al
primer hábil del mes siguiente. Además, cuando la autoridad emite una resolución
determinante de contribuciones omitidas y la notifica, ello tiene como
finalidad exclusiva hacer del conocimiento del contribuyente los hechos u
omisiones que entrañen ese incumplimiento a disposiciones fiscales, pues el
artículo 50 mencionado limita su campo de aplicación a establecer las acciones
a las que debe ceñirse y sujetarse la autoridad, con el fin de que su actuar
encuentre un sistema reglado que impida la actuación arbitraria de la autoridad
en perjuicio del contribuyente; por tanto, el cómputo del plazo de 6 meses
habrá de realizarse de momento a momento, contando a partir de la fecha en que
se levante el acta final de la visita o en que concluyan los plazos a que se
refieren las fracciones VI y VII del artículo 48 del código aludido, por lo que
la obligación de notificar la resolución se tiene por satisfecha oportunamente
cuando se practica dentro de ese plazo, sin que deba considerarse cuando ésta
surte efectos, máxime que esta última figura (la del surtimiento de efectos)
tiene un claro contenido procesal que es útil para fijar un punto de partida
para que el contribuyente o el afectado pueda consentir el acto que se le
notificó, o bien, preparar su defensa contando con una fecha cierta, a partir
de la promoción o interposición de los medios de impugnación procedentes.
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Contradicción de tesis 1/2017. Entre las sustentadas por
los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa
del Segundo Circuito. 6 de junio de 2017. Mayoría de tres votos de los
Magistrados Julia María del Carmen García González, Mónica Alejandra Soto Bueno
y David Cortés Martínez. Disidente: Víctor Manuel Méndez Cortés. Ponente: David
Cortés Martínez. Secretaria: Irene Soto Galindo.
Tesis y/o criterio contendientes:
Tesis II.2o.A.50 A, de rubro: "NOTIFICACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN QUE DETERMINA CONTRIBUCIONES OMITIDAS Y MOMENTO EN QUE SURTE
EFECTOS. SE ENCUENTRAN INMERSOS DENTRO DEL PLAZO DE SEIS MESES PREVISTO EN EL
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 50 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.",
aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Segundo Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 1782, y
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 615/2016.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de agosto de 2017 a las
10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera
de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de agosto de 2017, para los
efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2014867
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario
Judicial de la Federación
Publicación: viernes 11
de agosto de 2017 10:19 h
Materia(s):
(Administrativa)
Tesis: 2a./J. 99/2017
(10a.)
NOTIFICACIONES
PERSONALES EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. DEBEN PRACTICARSE
APLICANDO SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.
La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,
en el capítulo relativo a las notificaciones, no contiene reglas específicas
sobre la forma de practicar las de carácter personal; sin embargo, su artículo
1o. establece que a falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el
código Federal de Procedimientos Civiles. Así, tratándose de las notificaciones
personales en el juicio contencioso administrativo debe acudirse
supletoriamente a los artículos 310 a 313 del código referido, que prevén las
formalidades que deben observarse, esto es: 1. La notificación se practicará
con el interesado, su representante o procurador, en el lugar que para ello se
hubiere señalado, y si a la primera búsqueda no se encontrare a quien deba ser
notificado, se le dejará citatorio para que espere, en la casa designada, a
hora fija del día siguiente, y si no espera, se le notificará por instructivo,
entregando las copias respectivas al hacer la notificación o dejar éste; 2. El
notificador elaborará el acta relativa en la que, en primer término, deberá
registrar que se cercioró si en el domicilio señalado para realizar la
notificación, vive o tiene su domicilio la persona que debe ser notificada y,
después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón; y,
3. Cuando a juicio del notificador hubiera sospecha fundada de que
injustificadamente se niegue que la persona a notificar vive en la casa
designada, le hará la notificación en el lugar en que habitualmente trabaje, si
la encuentra, o en cualquier lugar en que se halle, en cuyo caso deberá
certificar que la persona notificada es de su conocimiento personal o que la
identificaron dos testigos de su conocimiento, que firmarán con él, si supieren
hacerlo.
SEGUNDA SALA
Contradicción de tesis 72/2017. Entre las sustentadas por
los Tribunales Colegiados Décimo Octavo del Primer Circuito, Tercero del
Segundo Circuito y Séptimo del Primer Circuito, todos en Materia
Administrativa. 21 de junio de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez
Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita
Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Margarita Beatriz Luna
Ramos. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco.
Tesis y/o criterio contendientes:
Tesis II.3o.A.11 A (10a.), de título y subtítulo:
"NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL. DEBEN PRACTICARSE APLICANDO SUPLETORIAMENTE LOS ARTÍCULOS 310 A 313
DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.", aprobada por el Tercer
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y publicada
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI,
Tomo 2, marzo de 2012, página 1266, y
El sustentado por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión
175/2016.
Tesis de jurisprudencia 99/2017 (10a.). Aprobada por la
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del cinco de julio de dos
mil diecisiete.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de agosto de 2017 a las
10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera
de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de agosto de 2017, para los efectos
previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
