Época: Décima Época
Registro: 2016376
Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario
Judicial de la Federación
Publicación: viernes 09
de marzo de 2018 10:12 h
Materia(s):
(Administrativa)
Tesis: I.20o.A.17 A
(10a.)
CERTIFICADOS EMITIDOS
POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. QUEDAN SIN EFECTOS, CONFORME AL
ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, INCISO D), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON
INDEPENDENCIA DE QUE LAS INFRACCIONES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 79, 81 Y 83
DEL PROPIO ORDENAMIENTO SEAN DETECTADAS EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE
COMPROBACIÓN DE LA AUTORIDAD, O FUERA DE ÉSTE.
El precepto citado inicialmente establece como hipótesis
que da lugar a que los certificados emitidos por el Servicio de Administración
Tributaria queden sin efectos, que "aun sin ejercer sus facultades de
comprobación", las autoridades fiscales detecten la existencia de una o
más infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 del propio código y la
conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado. Así, la
redacción de la norma no genera duda en cuanto a su aplicabilidad cuando las
autoridades fiscales tengan conocimiento de las infracciones señaladas mediante
el ejercicio de sus facultades de gestión tributaria -en la forma en que las
entendió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la
tesis aislada 2a. CXLVII/2016 (10a.)-. Ahora, si se tiene en cuenta que es un
principio de interpretación normativa que a las disposiciones legales debe
asignárseles el sentido que permita su aplicación, pues el propósito del
legislador al crearlas es su efectividad, no que sean letra muerta; de la
interpretación gramatical del artículo 17-H, fracción X, inciso d), aludido, se
colige que el significado de la voz "aun", en la forma empleada, no
se relaciona con el adverbio de tiempo "todavía", sino con
"incluso" o "hasta". En consecuencia, dicho precepto cobra
aplicación, con independencia de que las infracciones previstas en los numerales
79, 81 y 83 mencionados sean detectadas en el ejercicio de las facultades de
comprobación de la autoridad, o fuera de éste. Así se considera, además, si se
tiene presente que las infracciones vinculadas a la obligación de llevar
contabilidad (artículo 83), está condicionada a "que sean descubiertas en
el ejercicio de las facultades de comprobación", lo que corrobora que el
contexto de aplicación del artículo 17-H, fracción X, inciso d), no excluye a
las facultades de comprobación; por el contrario, las comprende.
VIGÉSIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo) 84/2017. Administrador Desconcentrado Jurídico del
Distrito Federal "4" (ahora Ciudad de México) del Servicio de
Administración Tributaria. 24 de agosto de 2017. Unanimidad de votos. Ponente:
Ma. Gabriela Rolón Montaño. Secretario: Paúl Francisco González de la Torre.
Nota: La tesis aislada 2a. CXLVII/2016 (10a.), de título y
subtítulo: "FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y DE GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES
FISCALES. ASPECTOS QUE LAS DISTINGUEN." citada, aparece publicada en el
Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de enero de 2017 a las 10:07
horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época,
Libro 38, Tomo I, enero de 2017, página 796.
Esta tesis se publicó el viernes 09 de marzo de 2018 a las
10:12 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2016358
Instancia: Plenos de
Circuito
Tipo de Tesis:
Jurisprudencia
Fuente: Semanario
Judicial de la Federación
Publicación: viernes 09
de marzo de 2018 10:12 h
Materia(s): (Común)
Tesis: PC.III.A. J/44 A
(10a.)
CONGELAMIENTO DE
CUENTAS BANCARIAS DE UNA PERSONA MORAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN
PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, CUANDO NO SE ENCUENTRE EN LA
LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS, EMITIDA POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PERO SÍ SU APODERADO.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con la
facultad de emitir disposiciones de carácter general para establecer medidas y
procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que
pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie
para la comisión de los delitos de terrorismo, terrorismo internacional y
operaciones con recursos de procedencia ilícita; asimismo, a través de la
Unidad de Inteligencia Financiera pondrá a disposición de las instituciones de
crédito, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la lista de
personas bloqueadas y sus actualizaciones, a efecto de que las instituciones de
crédito adopten e implementen mecanismos que permitan identificar a los
clientes o usuarios que se encuentren dentro de esa lista, a cualquier tercero
que actúe en su nombre o por su cuenta, y aquellas operaciones que hayan
realizado, realicen o que pretendan realizar; así como para que suspendan de
forma inmediata tales actos, operaciones o servicios con dichos clientes o
usuarios con la finalidad de prevenirlos y detectarlos. Ahora bien, si por
cliente se entiende cualquier persona física o moral o fideicomiso que,
directamente o por conducto de algún comisionista contratado por la entidad o
institución de crédito respectiva, actúe en nombre propio o a través de
mandatos o comisiones, que sea cuentahabiente de una institución de crédito o
utilice, al amparo de un contrato, los servicios prestados por la institución
de crédito o realice operaciones con ésta, resulta que esa denominación
comprende a los apoderados de las personas morales, porque a pesar de que en
dicho supuesto no actúa en nombre propio, sino a través de un mandato, que es
precisamente uno de los supuestos a través de los que se puede identificar a
los clientes de las instituciones de crédito, según se indica en la 2a. disposición,
fracción II, inciso a), de las Disposiciones de carácter general a que se
refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicadas en el
Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 2009; lo que se corrobora
porque las personas morales no son más que los medios o instrumentos para
lograr ciertos fines, la mayoría de las veces de carácter económico, y tales
fines no son sino los perseguidos por esas personas físicas, porque las
personas morales o jurídicas se crean por la voluntad de una colectividad de
personas físicas para propósitos específicos u objetivos comunes. De ahí que es
improcedente conceder la suspensión provisional en el amparo promovido contra
el bloqueo de cuentas bancarias de una persona moral que no se encuentra en la
lista de personas bloqueadas emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero sí su apoderado, pues en
el concepto de clientes de las instituciones de crédito se incluye cualquier
persona física o moral o fideicomiso que, directamente o por conducto de algún
comisionista contratado por la entidad o institución de crédito respectiva,
actúe en nombre propio o a través de mandatos.
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Contradicción de tesis 8/2017. Entre las sustentadas por
los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto, ambos en Materia Administrativa del
Tercer Circuito. 28 de noviembre de 2017. Mayoría de tres votos de los
Magistrados Juan José Rosales Sánchez, Marcos García José y Juan Manuel Rochín
Guevara, con voto de calidad del primero de los nombrados. Ausente: Tomás Gómez
Verónica. Disidentes: René Olvera Gamboa, Elías H. Banda Aguilar y Óscar
Naranjo Ahumada. Ponente: Juan Manuel Rochín Guevara. Secretaria: Cintlali
Verónica Burgos Flores.
Criterios contendientes:
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la queja 54/2017 y el diverso
sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer
Circuito, al resolver la queja 59/2017.
Esta tesis se publicó el viernes 09 de marzo de 2018 a las
10:12 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera
de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de marzo de 2018, para los
efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2016355
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis:
Jurisprudencia
Fuente: Semanario
Judicial de la Federación
Publicación: viernes 09
de marzo de 2018 10:12 h
Materia(s):
(Administrativa)
Tesis: 2a./J. 2/2018
(10a.)
SELLO DIGITAL. EL
OFICIO EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17-H DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN, A TRAVÉS DEL CUAL LA AUTORIDAD DEJA SIN EFECTOS EL CERTIFICADO
CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL JUICIO DE
NULIDAD.
Lo previsto en el último párrafo del precepto citado y en
las disposiciones relacionadas con esa porción normativa de la Resolución
Miscelánea Fiscal, en el sentido de que los contribuyentes a quienes se les
haya dejado sin efectos el certificado de sello digital podrán llevar a cabo el
procedimiento para subsanar las irregularidades detectadas, a fin de obtener un
nuevo certificado, no corresponde a un recurso administrativo, ya que a través
de lo ahí fijado sólo pueden subsanarse las irregularidades que motivaron la
emisión del oficio por el cual se dejó sin efectos el certificado relativo, o
bien, desvirtuar la causa que motivó su emisión, pero sin que sea posible
cuestionar la totalidad de ese acto por cualquier vicio que pueda contener; por
ende, lo ahí señalado en realidad corresponde a un procedimiento administrativo
que comienza con ese oficio inicial -que no es la manifestación última de la
voluntad administrativa- y concluye con una resolución. En este sentido, el
oficio es un acto intraprocedimental y, por tanto, no es susceptible de
impugnación en forma autónoma mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, pues para acudir a esa instancia es
necesario que previamente se haya sustanciado y resuelto el procedimiento
establecido en el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, y que esa
resolución final sea impugnada en dicho medio de control de la legalidad de los
actos administrativos, pues ese acto es el que se estima definitivo, al
tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento correspondiente.
SEGUNDA SALA
Contradicción de tesis 325/2017. Entre las sustentadas por
el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el
Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región,
con residencia en Morelia, Michoacán. 6 de diciembre de 2017. Cinco votos de
los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente:
Javier Laynez Potisek. Secretario: Carlos Alberto Araiza Arreygue.
Tesis y criterio contendientes:
Tesis I.3o.A.33 A (10a.), de título y subtítulo:
"JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN
QUE DEJA SIN EFECTOS EL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL (CSD) PARA LA GENERACIÓN
DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI), AL CONSTITUIR UNA
RESOLUCIÓN DEFINITIVA.", aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial
de la Federación del viernes 19 de mayo de 2017 a las 10:24 horas y en la
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, Tomo
III, mayo de 2017, página 1996, y
El sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito
del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán,
al resolver el amparo directo 514/2017 (cuaderno auxiliar 651/2017).
Tesis de jurisprudencia 2/2018 (10a.). Aprobada por la
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diez de enero de dos
mil dieciocho.
Esta tesis se publicó el viernes 09 de marzo de 2018 a las
10:12 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera
de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de marzo de 2018, para los
efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2016354
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis:
Jurisprudencia
Fuente: Semanario
Judicial de la Federación
Publicación: viernes 09
de marzo de 2018 10:12 h
Materia(s):
(Administrativa)
Tesis: 2a./J. 18/2018
(10a.)
RÉGIMEN DE
INCORPORACIÓN FISCAL. CONFORME AL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, ESTÁN EXCLUIDOS DE SU APLICACIÓN
LOS CONTRIBUYENTES QUE HASTA ANTES DE SU VIGENCIA TRIBUTABAN CONFORME AL
RÉGIMEN GENERAL DE PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y
PROFESIONALES.
En atención a la exposición de motivos del decreto por el
que se expidió dicha legislación, el régimen de incorporación fiscal tiene por
finalidad, entre otras, erradicar la informalidad que deriva, muchas veces, de
la facilidad o dificultad en el cumplimiento del pago de contribuciones, así
como sustituir los regímenes fiscales intermedio y de pequeños contribuyentes
aplicables a las personas físicas con actividades empresariales por uno
transitorio denominado de incorporación fiscal, tendente a que los sujetos
pasivos inicien el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en un esquema que
les permita hacerlo fácilmente y, una vez que estén preparados, muden al
régimen general. Atendiendo a esa finalidad y, sobre todo, a la naturaleza
transitoria del régimen fiscal en comento, es claro que están excluidos de su
aplicación los contribuyentes que hasta antes de su entrada en vigor tributaban
conforme al régimen general de las personas físicas con actividades
empresariales y profesionales.
SEGUNDA SALA
Contradicción de tesis 273/2017. Entre las sustentadas por
los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer
Circuito, Cuarto en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Primero en
Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito y Décimo Tercero en Materia
Administrativa del Primer Circuito. 31 de enero de 2018. Mayoría de cuatro
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José
Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Disidente: Margarita
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretaria: Gabriela
Guadalupe Flores de Quevedo.
Criterios contendientes:
El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 477/2016, el
sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del
Décimo Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 21/2016, el sustentado
por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo
Noveno Circuito, al resolver el amparo directo 527/2016, y el diverso
sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 147/2016.
Tesis de jurisprudencia 18/2018 (10a.). Aprobada por la
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de febrero de
dos mil dieciocho.
Esta tesis se publicó el viernes 09 de marzo de 2018 a las
10:12 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera
de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de marzo de 2018, para los
efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2016353
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis:
Jurisprudencia
Fuente: Semanario
Judicial de la Federación
Publicación: viernes 09
de marzo de 2018 10:12 h
Materia(s):
(Constitucional)
Tesis: 2a./J. 21/2018
(10a.)
ESTÍMULO FISCAL
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS DE
LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016. EL ANÁLISIS DE SU
CONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE LLEVARSE A CABO CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE
JUSTICIA TRIBUTARIA.
El beneficio fiscal establecido en la norma citada se
otorga a los contribuyentes que adquieran diésel para su consumo final y que
sea para uso automotriz en vehículos destinados exclusivamente al transporte
público y privado, de personas o de carga, así como el turístico, consiste en
permitir el acreditamiento de un monto equivalente al impuesto especial sobre
producción y servicios que las personas que enajenen diésel en territorio
nacional hayan causado por la enajenación de este combustible, en términos del
artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c), de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con los ajustes que, en su
caso, correspondan, vigente en el momento en que se haya realizado la
adquisición del diésel, por el número de litros adquiridos. Finalmente, el
acreditamiento debe efectuarse contra el impuesto sobre la renta a cargo del
contribuyente o en su carácter de retenedor correspondiente al mismo ejercicio
en que se determine el estímulo, incluso en los pagos provisionales del mes en
que se adquiera el diésel. De lo anterior se advierte que el estímulo fiscal
citado no tiene relevancia impositiva pues es ajeno a los elementos esenciales
del impuesto especial sobre producción y servicios -objeto, base, tasa o tarifa
y época de pago- y, por tanto, ninguna trascendencia tiene en la capacidad
contributiva ni en la determinación y monto del gravamen que debe pagarse, pues
además es ajeno a la mecánica del tributo y, por tanto, el examen de su
regularidad constitucional no puede efectuarse a la luz de los principios de
justicia tributaria.
SEGUNDA SALA
Amparo en revisión 511/2017. Gasolinera Tapatía, S.A. de C.V.
y otra. 4 de octubre de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros
Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz
Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Alberto Pérez Dayán. Ponente:
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.
Amparo en revisión 1028/2017. Organización Autogas, S.A. de
C.V. 10 de enero de 2018. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán,
Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz
Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; se apartó de consideraciones Margarita
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda
Marcela Arceo Zarza.
Amparo en revisión 1000/2017. Combustibles Churumuco, S.A.
de C.V. 17 de enero de 2018. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán,
Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz
Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretaria:
Miroslava de Fátima Alcayde Escalante.
Amparo en revisión 273/2017. Combustibles Millenium, S.A.
de C.V. 24 de enero de 2018. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros
Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas
y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente:
Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María Estela Ferrer Mac-Gregor Poisot.
Amparo en revisión 1029/2017. Combustibles Centauro, S.A.
de C.V. 21 de febrero de 2018. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez
Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita
Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: José Fernando Franco
González Salas. Secretario: José Isaac Rangel Agüeros.
Tesis de jurisprudencia 21/2018 (10a.). Aprobada por la
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiuno de febrero
de dos mil dieciocho.
Esta tesis se publicó el viernes 09 de marzo de 2018 a las
10:12 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera
de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de marzo de 2018, para los
efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
