Época: Décima Época
Registro: 2016730
Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario
Judicial de la Federación
Publicación: viernes 27
de abril de 2018 10:31 h
Materia(s): (Común)
Tesis: I.10o.A.62 A
(10a.)
DICTAMEN DE
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES. EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA
APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS QUE ESTABLECEN LA CARGA DE LLEVARLO A CABO Y DE
TRANSMITIR EL AVISO CORRESPONDIENTE A LA AUTORIDAD HACENDARIA, ES IMPROCEDENTE
CONCEDER LA SUSPENSIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL -AHORA CIUDAD DE
MÉXICO- VIGENTE EN 2014).
Es improcedente conceder la suspensión en el juicio de
amparo promovido contra la aplicación de los preceptos referidos, por no
satisfacerse el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley
de Amparo pues, de otorgarse, se causaría perjuicio al interés social y se
contravendrían disposiciones de orden público, ya que se permitiría al
contribuyente incumplir con la carga de dictaminar el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, en términos del Código Fiscal del Distrito Federal
(ahora Ciudad de México) y de las reglas de carácter general expedidas para tal
efecto, vigentes en 2014, así como de transmitir el aviso correspondiente por
el Sistema de presentación de dictámenes vía Internet, mediante la página
electrónica de la Secretaría de Finanzas local, lo que afectaría la
implementación por el Estado de los mecanismos electrónicos de comunicación,
almacenamiento de información y fiscalización que permiten, por una parte,
facilitar a los contribuyentes cumplir sus obligaciones fiscales y, por otra,
que los procesos de recaudación y fiscalización sean más ágiles y eficientes,
con el objeto de lograr una mayor recaudación para satisfacer las necesidades
colectivas.
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.
Incidente de suspensión (revisión) 371/2017. Catalina Mejía
Flores, su sucesión. 15 de febrero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente:
Alfredo Enrique Báez López. Secretario: Hugo Edgar Pasillas Fernández.
Nota: Esta tesis abandona el criterio sostenido por el
propio tribunal en la diversa I.10o.A.43 A (10a.), de título y subtítulo:
"DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES Y SU ENVÍO A LA
AUTORIDAD HACENDARIA. EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA APLICACIÓN DE LOS
PRECEPTOS QUE LOS PREVÉN, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL
(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL -ACTUALMENTE CIUDAD DE MÉXICO- VIGENTE EN
2014).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes
11 de agosto de 2017 a las 10:19 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de
la Federación, Décima Época, Libro 45, Tomo IV, agosto de 2017, página 2835.
Esta tesis se publicó el viernes 27 de abril de 2018 a las
10:31 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2016706
Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis:
Jurisprudencia
Fuente: Semanario
Judicial de la Federación
Publicación: viernes 27
de abril de 2018 10:31 h
Materia(s): (Común)
Tesis: V.3o.P.A. J/9
(10a.)
COMPETENCIA PARA
CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE
LOS DEPÓSITOS EXISTENTES EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA DEL FONDO DE LA VIVIENDA
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
DE SONORA (FOVISSSTESON). AL SER UN ACTO MERAMENTE DECLARATIVO, CORRESPONDE AL
JUEZ DE DISTRITO ANTE QUIEN SE PRESENTÓ LA DEMANDA.
La negativa a la devolución de los depósitos existentes en
la subcuenta de vivienda del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (FOVISSSTESON),
constituye un acto negativo carente de ejecución, porque no modifica ni altera
el estado de las cosas existentes, ya que mantiene la indisponibilidad del
solicitante respecto de los recursos que pidió se le restituyeran. Por tanto,
la competencia para conocer del juicio de amparo promovido en su contra,
corresponde al Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, al
actualizarse la regla establecida en el tercer párrafo del artículo 37 de la
Ley de Amparo, pues dicho acto es meramente declarativo.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y
ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.
Conflicto competencial 3/2018. Suscitado entre el Juzgado
Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo y el Juzgado
Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, residente en Nogales. 22 de febrero
de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Alba Lorenia Galaviz Ramírez.
Secretaria: Lydia María Inzunza Castro.
Conflicto competencial 4/2018. Suscitado entre el Juzgado
Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo y el
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en
Mexicali. 22 de febrero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Alba Lorenia
Galaviz Ramírez. Secretaria: Claudia Yuridia Camarillo Medrano.
Conflicto competencial 5/2018. Suscitado entre el Juzgado
Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo y el
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en
Mexicali. 1 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel
Betancourt Vázquez. Secretaria: Rocío Monter Reyes.
Conflicto competencial 6/2018. Suscitado entre el Juzgado
Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo y el
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, residente en Nogales. 1 de
marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Beatriz Munguía Ventura,
secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del
Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada,
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo General
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización
y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones
de otros acuerdos generales. Secretario: Roberto Carlos Arrenquín Pineda.
Conflicto competencial 7/2018. Suscitado entre el Juzgado
Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo y el
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en
Mexicali. 1 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel
Betancourt Vázquez. Secretaria: Patricia Aurora Rodríguez Duarte.
Nota: En relación con el alcance de la presente tesis,
destaca la diversa jurisprudencial 2a./J. 68/2012 (10a.), de rubro:
"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA
NEGATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA.",
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época,
Libro XI, Tomo 1, agosto de 2012, página 604.
Esta tesis se publicó el viernes 27 de abril de 2018 a las
10:31 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera
de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de abril de 2018, para los
efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2016705
Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis:
Jurisprudencia
Fuente: Semanario
Judicial de la Federación
Publicación: viernes 27
de abril de 2018 10:31 h
Materia(s): (Laboral)
Tesis: XXVIII.1o. J/2
(10a.)
CERTIFICADO DE DERECHOS
EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EN SU VALORACIÓN DEBE
DISTINGUIRSE ENTRE UNA OBJECIÓN Y UN SIMPLE ALEGATO.
De las tesis de jurisprudencia 2a./J. 13/2001, 2a./J.
39/2002, 2a./J. 176/2009, 2a./J. 21/2011 (10a.) y 2a./J. 12/2014 (10a.),
sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
pueden obtenerse las siguientes conclusiones: 1. La Junta, al valorar el
certificado de derechos expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social,
debe distinguir entre una objeción y un simple alegato o manifestación de
valoración probatoria, pues en el primer supuesto las partes pueden cuestionar
los documentos públicos y/o privados: a) por inexactitud, cuando se ponga en
duda su contenido y se solicite la compulsa o cotejo con los originales para
lograr su perfeccionamiento (artículos 797, 798, 799, 801, 807 y 810 de la Ley
Federal del Trabajo) o cuando se cuestione la autenticidad de la firma de un
tercero en un documento y sea necesaria la ratificación de éste (artículos 797,
800, 802, primer párrafo y primera parte del segundo párrafo de la ley citada);
y, b) por falsedad, al redargüirlos de apócrifos, en cuyo caso es necesario que
el promovente acredite su objeción (artículo 802, segundo párrafo, última parte
y 811); mientras que en el alegato o manifestación de valoración probatoria,
las partes formulan meros argumentos tendentes a orientar a la Junta con
respecto al alcance demostrativo que puede tener una documental pública o
privada. Este último tipo de manifestaciones no obstan para que la Junta pueda,
discrecionalmente, considerarlas, sin estar obligada a realizar un estudio
destacado de su contenido. 2. El certificado citado, por regla general, tiene
pleno valor probatorio para acreditar los datos que contiene, sin que para su
validez requiera que se acompañen los avisos de alta y baja relativos, o el
pago de las cuotas respectivas; pero esa regla no es absoluta, sino que admite
una excepción cuando el asegurado la controvierte explícita o implícitamente y
la desvirtúa con prueba en contrario. 3. En el supuesto de que en el
certificado aludido se asiente que el trabajador fue dado de alta para un
determinado patrón, pero que cotizó cero semanas, sin precisar la fecha en que
se le dio de baja, la Junta no debe calificar desde luego esa circunstancia
como inverosímil, sino que debe evaluarla con base en los hechos alegados y el
acervo probatorio, sin perjuicio de decretar providencias para mejor proveer u
ordenar oficiosamente el desahogo de los medios de prueba necesarios. 4. Los
registros de inscripción o alta exhibidos en un juicio laboral por el
asegurado, pueden llegar a desvirtuar el contenido del certificado de
referencia, cuando éste no contenga las afiliaciones o registros de esas altas;
pues, en esta hipótesis, se pone en duda la fidelidad de la certificación, pero
sólo en esa parte; lo cual debe valorarse como legalmente corresponda en cada
caso concreto. 5. De las dos conclusiones que anteceden deriva otra,
consistente en que el certificado en cita, de contener imprecisiones o errores,
no debe ser desestimado a priori ni en su totalidad, sino que, en cada caso
concreto, la Junta debe definir, primero, su trascendencia, esto es, determinar
si queda desvirtuado por entero o sólo en una de sus partes; y, segundo, la
posibilidad de decretar providencias para mejor proveer u ordenar oficiosamente
el desahogo de las pruebas necesarias. En este sentido, la Segunda Sala del
Máximo Tribunal del País no ha abandonado el criterio sustentado en la
jurisprudencia 2a./J. 39/2002 aludida, sino que, por el contrario, ha
reafirmado tanto la regla general de que la hoja de certificación de derechos
expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene pleno valor
probatorio, como la excepción consistente en que el asegurado puede
desvirtuarla, empero ha precisado que esto sólo puede hacerse mediante prueba
en contrario. Esto es, sobre el alcance, valor y objeción de la hoja de
certificación de derechos citada, los criterios sustentados por la Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han tenido una avanzada evolución
jurisprudencial para complementarse entre sí; pues aunque han sostenido que el
certificado tiene pleno valor probatorio para acreditar los datos que contiene,
también ha reconocido que su valor convictivo puede controvertirse
implícitamente por medio de prueba en contrario; y explícitamente por
objeciones que destaquen su incongruencia e inverosimilitud; sin embargo, ha
sido contundente al reiterar que el valor convictivo, que acorde a su
naturaleza le corresponde (pleno), sólo puede desvirtuarse a través de prueba
en contrario.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO.
Amparo directo 705/2015. Instituto Mexicano del Seguro
Social. 20 de abril de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Octavio Chávez
López. Secretario: Anastacio Romo Vargas.
Amparo directo 199/2017. Instituto Mexicano del Seguro
Social. 5 de octubre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Luz del Carmen
Herrera Calderón, secretaria de tribunal autorizada para desempeñar las
funciones de Magistrada. Secretaria: Macrina Citlali Hernández Juárez.
Amparo directo 661/2016. Instituto Mexicano del Seguro
Social. 16 de noviembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Othón Manuel
Ríos Flores. Secretaria: Macrina Citlali Hernández Juárez.
Amparo directo 1457/2016. Instituto Mexicano del Seguro
Social. 30 de noviembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Othón Manuel
Ríos Flores. Secretaria: Macrina Citlali Hernández Juárez.
Amparo directo 1631/2015. Instituto Mexicano del Seguro
Social. 5 de enero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Octavio Chávez López.
Secretario: Jazael Adrián Portillo Sánchez.
Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 13/2001, 2a./J.
39/2002, 2a./J. 176/2009 y 2a./J. 21/2011 (10a.), de rubros: "PRUEBA
DOCUMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LAS MANIFESTACIONES EFECTUADAS POR LAS
PARTES EN RELACIÓN CON SU ALCANCE PROBATORIO NO DEBEN TENERSE COMO
OBJECIÓN.", "SEGURO SOCIAL. EL CERTIFICADO DE DERECHOS APORTADO COMO
PRUEBA POR EL INSTITUTO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO
LABORAL, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS DATOS QUE EN EL MISMO
SE CONTIENEN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ ES
INNECESARIO QUE SE ACOMPAÑEN LOS AVISOS DE ALTA Y BAJA RELATIVOS O EL PAGO DE
LAS CUOTAS RESPECTIVAS.", "CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SI LOS HECHOS COMPRENDIDOS EN ÉSTE FORMAN
PARTE DE LA LITIS Y LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE SE CONTROVIERTE EXPLÍCITA O
IMPLÍCITAMENTE, SU VALOR PROBATORIO NO ES ABSOLUTO SINO SUSCEPTIBLE DE
DESVIRTUARSE CON OTRA PRUEBA." y "CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO
POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. VALORACIÓN DE AQUEL EN QUE SE
ESTABLECE QUE EL TRABAJADOR FUE DADO DE ALTA PARA UN DETERMINADO PATRÓN, COTIZÓ
CERO SEMANAS Y NO SE ASIENTA LA FECHA DE BAJA." citadas, aparecen
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Tomos XIII, marzo de 2001, página 135; XV, mayo de 2002, página 271; y XXX,
noviembre de 2009, página 425; Décima Época, Libro III, Tomo 4, diciembre de
2011, página 2511 y la tesis de jurisprudencia 2a./J. 12/2014 (10a.), de título
y subtítulo: "CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL. PUEDE DESVIRTUARSE SU VALOR PROBATORIO CUANDO NO SE ASIENTA
QUE EL TRABAJADOR FUE DADO DE ALTA PARA UN DETERMINADO PATRÓN, Y EL
DERECHOHABIENTE ACREDITA ESE EXTREMO EN EL JUICIO LABORAL CON LOS AVISOS DE
ALTA." citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación
del viernes 28 de marzo de 2014 a las 10:03 horas y en la Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página
930, respectivamente.
Esta tesis se publicó el viernes 27 de abril de 2018 a las
10:31 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera
de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de abril de 2018, para los
efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2016701
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial
de la Federación
Publicación: viernes 27
de abril de 2018 10:31 h
Materia(s):
(Constitucional, Administrativa)
Tesis: 2a. XXIX/2018
(10a.)
SELLO DIGITAL. EL
ARTÍCULO 38, PÁRRAFOS TERCERO A SEXTO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL
ESTABLECER QUE AQUÉL PRODUCIRÁ LOS MISMOS EFECTOS QUE UNA FIRMA AUTÓGRAFA, NO
INFRINGE EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.
El precepto citado, al prever que las resoluciones
administrativas que consten en documentos impresos, en las que figure un sello
expresado en caracteres, generado mediante el uso de la firma electrónica
avanzada y amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución,
produce los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma
autógrafa, no infringe el derecho a la seguridad jurídica, ya que se tiene
certeza del funcionario que emitió la resolución administrativa, al estampar su
voluntad a través del sello mencionado, lo que produce los mismos efectos que
las leyes conceden a los documentos con firma autógrafa y no a una facsímil;
asimismo, con la firma electrónica avanzada, se genera certeza de la
realización de los actos que ampara, al constituir un sustituto de la firma
autógrafa y producir los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos
que contengan ésta, de modo que el uso por la persona a cuyo favor se emitió,
entraña la existencia de la voluntad para realizar los actos encomendados, al
ser una forma de identificación por medios electrónicos, la cual es apta y
suficiente para acreditar la emisión de la resolución administrativa, siendo
innecesaria la realización de actuaciones diversas para su perfeccionamiento.
Además, la autoría del documento impreso puede verificarse mediante el método
de remisión al documento original con la clave pública del autor, en términos
de la regla 2.12.3., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014, que indica los
medios para comprobar la integridad y autoría del documento.
SEGUNDA SALA
Amparo en revisión 137/2017. Estrategias Creadoras de
Valor, S.A. de C.V. 14 de febrero de 2018. Cinco votos de los Ministros Alberto
Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas,
Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con salvedad
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: N.
Montserrat Torres Contreras.
Esta tesis se publicó el viernes 27 de abril de 2018 a las
10:31 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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